Amnistía Internacional manifiesta preocupación por Derechos Humanos en Perú y pide a España suspender venta de armamento antidisturbios a ese país

En medio de la creciente preocupación mundial que se despierta por la situación interna que vive Perú, enmarcada en las protestas que allí se presentan desde el pasado 7 de diciembre tras la destitución de Pedro Castillo Terrones, este fin de semana se conoció un pronunciamiento por parte de Amnistía Internacional, en el que el organismo rechaza la violación de Derechos Humanos presentados en medio de la represión policial.

En ese mismo sentido, y abogando porque la situación de Derechos Humanos cambié, además de elevar un llamado por el respeto a los manifestantes, la institución ha solicitado al Gobierno de España que suspenda la venta y envío de material antidisturbios a Perú.

Así, el llamado es a que esta solicitud pueda ser atendida de manera “inmediata”, y se refiere entre otras, a la entrega de armas pequeñas y ligeras, así como a munición, que eventualmente pueda ser usada por la Policía o fuerzas del orden de Perú en la represión de las manifestaciones, añadiendo que en esos escenarios se ha presentado una violación sistémica de los Derechos Humanos.

Según el comunicado de Amnistía Internacional, desde el pasado 7 de diciembre, fecha en la que se presentó el estallido social tras la salida y captura de Castillo y el ascenso de Boluarte a la Presidencia, la entidad ha documentado una larga serie de hechos preocupantes, por lo que aboga porque estos puedan minimizarse.

En virtud de ello, la entidad advierte que desde España se puede contribuir a luchar contra la violación de los Derechos Humanos, precisando que, desde hace un lustro, ese país es uno de los que mayor cantidad de armas suministra a Perú.

“Hay un riesgo claro de que el material de origen español esté sirviendo para acallar al pueblo peruano de forma violenta e ilegal”, advirtió en su reporte el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Sobre el suministro de armas a Perú por parte de España, la organización internacional señala que de los 184 millones de euros que se ha realizado en ventas a ese país, al menos 40 millones corresponden a armas antidisturbios, refiriendo además que otros 4,7 millones corresponden a la venta de armas ligeras, y 2,4 a munición.

En el comunicado, Amnistía Internacional ha advertido que solicitud formal de cese al suministro de armas para Perú fue radicada en días pasados ante la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez.

En la carta, Amnistía Internacional advierte que España debe responder al Tratado sobre Comercio de Armas, reconociendo que en este se estipula que los estados están obligados a “no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos”.

Así, el llamado de Amnistía Intencional a cerrar el suministro de armas a Perú por parte de España debe extenderse al menos hasta que los miembros del Ejército y la Policía de Perú responsables de la violación de los Derechos Humanos de los manifestantes sean puestos bajo las ordenes de las autoridades judiciales para que respondan por los hechos de los que son señalados.

En ese mismo sentido, también llamó a que, en procura de que esos mismos escenarios de afectación a los manifestantes no se sigan repitiendo, se apele a que los uniformados encargados de los cuerpos antidisturbios sean objeto de capacitaciones en Derechos Humanos, y en pro de conocer el uso correcto de las armas empleadas para el control de de los manifestantes, para que así, no se sigan violando las normas internacionales referidas al uso de la fuerza.

Aunque Amnistía internacional ha referido que en medio de las protestas desencadenadas el 7 de diciembre de 2022, en Perú han muerto cerca de 41 personas; entre los que se cuentan también menores de edad, los registros de autoridades locales como la Defensoría del Pueblo de ese país, ha cifrado el número de ciudadanos muertos en 55; entre los que también se cuenta un uniformado que fue asesinado por manifestantes al prender fuego a la patrulla en que se movilizaba.

La mayoría de las personas muertas, según refiere la Organización Internacional, se desprenden a acciones violentas por parte de los cuerpos policiales en uso de armas de fuego.

Si bien el Gobierno Boluarte ha decretado el Estado de Emergencia para lograr el control social, Amnistía Internacional ha advertido que la medida ha sido improductiva, advirtiendo que por el contrario ha estado manchado por el uso abusivo de la fuerza, y el incremento de acciones que la ONG ha calificado como “detenciones arbitrarias”, las cuales han incrementado.

Denuncia de senadora prende las alarmas

En el marco de las acciones policiales desarrolladas en lo corrido del fin de semana por parte de la Policía para controlar las expresiones de malestar social que se han tomado, entre otras, ciudades como Lima, la senadora de ideología de izquierda, Sigrid Bazán; quien apoyó la destitución de Castillo tras el intento de Golpe de Estados, pero quien se ha opuesto a la permanencia en el poder de Dina Boluarte, denunció a través de las redes sociales que una menor de edad fue detenida en compañía de su madre por parte de las fuerzas policiales, difundiendo a su vez un video del hecho.

Ante la ola de indignación que de ello se derivó, este domingo, 22 de enero, la Defensoría del Pueblo confirmó que tras conocer la denuncia, la noche del pasado sábado, acudió a los organismos oficiales para verificar el tratamiento que se había dado a ella, pues para muchos, la niña no podría haber sido detenida.

En ese sentido, la Defensoría precisó que “la niña que acompañaba a su madre en la Universidad Mayor de San Marcos, fue atendida por el Ministerio de la Mujer para su debida protección”.

De igual forma, la entidad defensora de las DD.HH. afirmó que la madre de la niña también recobró la libertad apenas pocas después de que se conoció la referida denuncia.

La Defensoría del Pueblo también ha informado sobre las acciones que adelanta en virtud de que se garanticen los derechos a las personas que resultan detenidas en el marco de las protestas.