Denuncian a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional. Los detalles aquí

Una denuncia contra Gustavo Petro fue radicada este martes en la Corte Penal Internacional de La Haya. Es dirigida al fiscal general de ese organismo, Karim Khan y busca demostrar cómo el primer mandatario colombiano “consolidó a su llegada al poder una estrategia militar y política, con el fin de empoderar a los grupos terroristas que delinquen al interior del territorio nacional, abandonando a su suerte a la población civil (campesinos, niños, adultos mayores, líderes sociales, entre otros) que han sido víctimas de estas organizaciones criminales”.

El autor de la denuncia es el exministro de Justicia y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz. El abogado viajó a La Haya, en los Países Bajos, para pedirle al alto tribunal internacional que intervenga en la situación colombiana.

Ruiz narra a la Corte Penal Internacional una serie de hechos que, a su juicio, motivarían la apertura de una investigación contra el jefe de Estado colombiano. Como se sabe, el Estatuto de Roma le otorgó a la CPI jurisdicción sobre cuatro crímenes principales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. “La CPI tiene por objeto complementar, no sustituir, los sistemas penales nacionales; solo procesa casos cuando los Estados no están dispuestos o no pueden hacerlo genuinamente”, advierte esa jurisdicción sobre su funcionamiento.

Ruiz considera que en el caso colombiano esas condiciones se cumplen con el accionar que ha tenido Gustavo Petro en el poder.

El exministro enumera una serie de argumentos que sustentan su petición. El primero tiene que ver con la política bandera de la administración Petro, con los grupos criminales, la paz total. “El presidente de la República una vez posesionado el día 7 de agosto del año 2022 como primer mandatario, anunció una política denominada “LA PAZ TOTAL” y como consecuencia sé profirieron una serie de decretos para realizar acercamientos y crear beneficios a los grupos criminales que han afectado el territorio nacional”, asegura el escrito.

En segundo lugar, Ruiz narra las múltiples denuncias que desde la campaña presidencial se han dado alrededor del pedido que se habría hecho en las cárceles del país para apoyar esa candidatura. “Durante la campaña hacia la Presidencia y con el propósito de recibir apoyo político de estos grupos terroristas el jefe de Estado, designó como negociador a su hermano Juan Fernando Petro Urrego, quien visitó una a una las cárceles donde se encontraban recluidos varios líderes de estos grupos terroristas, con quienes negoció sus beneficios de alcanzar la Presidencia de la República, y así, buscar su apoyo en las regiones donde estos criminales tienen su influencia (Cauca, Nariño, Norte de Antioquia, Choco, César, Valle del Cauca, entre otros)“.

En tercer lugar, Ruiz asegura que un año después de ganar la Presidencia se demostró que, en ese pacto de la Picota, el hermano del presidente aceptó la misión encomendada por su hermano y se confirmó “que efectivamente existía ese acuerdo y que como consecuencia de ellos la campaña habría obtenido más de un millón de votos con los que ganaron la Presidencia”. Ruiz adjunta las publicaciones relacionadas con una entrevista que hizo la reconocida periodista de investigación, Nena Arrázola, en la que el hermano del presidente deja claro que esas gestiones que él hizo en las cárceles fueron claves para la victoria a la presidencia.

“Nosotros vimos que, entre el Norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”, aseguró.

En cuarto lugar, Ruiz asegura que los esfuerzos de paz se han traducido en la cesión por parte del Estado de territorios, lo cual se ha traducido en la violación de los derechos humanos de miles de colombianos. Ruiz enumera el marco normativo que ha permitido los ceses al fuego con el ELN y otros grupos. Y también recuerda algunas declaraciones de sus líderes.

“Consecuencia de los decretos señalados anteriormente, se consolidó un abandono del Estado en estas regiones con marcada influencia de estos criminales, la ausencia premeditada de la fuerza pública en el marco de una clara estrategia diseñada por el Gobierno para que los terroristas aumentaran su hegemonía en estas regiones, desataron varios hechos de violencia contra la población civil, campesinos y líderes sociales, que son de interés de este tribunal; pues claramente la omisión de Estado ha permitido que en esas regiones se vulneren conductas tipificadas por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, este Gobierno contrario al fortalecimiento de sus fuerzas armadas ha menguado su capacidad de operación y limitado la presencia en los territorios”, sostiene.

En ese punto, menciona una entrevista de Silvana Guerrero y alias Ricardo, en la que aseguran que ayudaron a elegir al primer mandatario. En el mismo sentido, Ruiz cita entrevistas en que alias Iván Mordisco, el temido jefe de las disidencias de las Farc, en la que también asegura que el grupo puso su parte para la elección del primer mandatario.

Paralelamente, Ruiz narra cómo se ha ido dando un desmonte del apoyo a las Fuerzas Militares. Por ejemplo, asegura que “el entonces Ministro de Defensa de Colombia Iván Velásquez Gómez, en su llegada al cargo en el año 2022, realizó una reducción de 800 mil millones de pesos en el presupuesto operativo de las fuerzas armadas, con lo que claramente se ocasionó una limitación operativa en todo el territorio nacional”.

Ruiz, en los puntos siguientes, adjunta los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la ONU y Amnistía Internacional. En estos se muestran cifras preocupantes en este frente, como el asesinato de 34 defensores de derechos humanos. Y el reporte de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas de más de 56.000 desplazados en 2024, y 14 masacres en el 2025, con 44 víctimas, así como 93 masacres en el 2023, con 300 víctimas, reportadas por otras fuentes. También se menciona la crisis del Catatumbo y otras situaciones graves de violencia que se han reportado en este Gobierno.

Para Ruiz, toda esa situación consolida una situación con el carácter para ser estudiada por la CPI por cometerse, por ejemplo, crímenes de guerra por omisión en el accionar del primer mandatario y crímenes de lesa humanidad por las ejecuciones extrajudiciales, ataques contra la población civil o uso desproporcionado de la fuerza en el contexto del conflicto armado interno.

Así, Ruiz concluye: “Sírvase señor fiscal, adelantar la denuncia, en contra del presidente Gustavo Petro Urrego, jefe de Estado de Colombia, por la responsabilidad a título de omisión, por los delitos tipificados en los artículos 7 - Crímenes de Lesa Humanidad, 8 - Crímenes de Guerra y 28 - Responsabilidad del jefe de Estado por Omisión del Estatuto de Roma, por los fundamentos jurídicos ya expuestos”.