Divulgan foto en la que un asesor corta las uñas de los pies de un político y causa polémica

Según una imagen revelada por el programa dominical Cuarto Poder, la congresista Lucinda Vásquez, quien representa a la región de San Martín y pertenece al grupo parlamentario Juntos por el Perú, utilizó a uno de sus empleados para que le realizara un servicio de pedicura mientras este se encontraba en horario de trabajo.

En la imagen difundida por el programa de América TV, se puede ver a Edwar Rengifo, quien es pariente de la congresista y a la vez su empleado, mientras le hacía la pedicura. La parlamentaria estaba usando su teléfono móvil en ese momento, dentro de la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa.

Además, el mismo programa reportó que Willer Sajami, otro de sus colaboradores y con el cargo de asesor II, se dirigía a la residencia de Vásquez para ejecutar labores domésticas, como preparar su desayuno, en días y horas que correspondían a su jornada laboral. Estas tomas fueron capturadas en noviembre de 6 de 2022 y enero de 2023.

El asesor involucrado rehusó hacer comentarios al medio de comunicación a pesar de los repetidos intentos del reportero por conseguir su versión de los acontecimientos. Expertos, como José Cevasco, exoficial mayor del Parlamento, consultados por el dominical, indicaron que la congresista Vásquez cometió un abuso de autoridad y que su conducta podría ser considerada como el delito de peculado.

Esta revelación se añade a una serie de controversias que ya han deteriorado la reputación del Congreso, como el sonado caso conocido como ‘mochasueldos’ (recortes de sueldo). En este último, se documentaron instancias en las que varios congresistas obligaban a sus trabajadores a devolver una parte de su salario a cambio de mantener su empleo.

Dicha práctica ilegal desencadenó investigaciones tanto en la Comisión de Ética del Parlamento como en el Ministerio Público.

Escándalo por congresistas

Una gran cantidad de miembros del Congreso enfrentan, entre los años 2024 y 2025, acusaciones e investigaciones por crímenes presuntamente cometidos mientras ejercían sus funciones. Estos delitos abarcan desde la exigencia de recortes salariales a su personal hasta casos de corrupción, tráfico de influencias y la aprobación de leyes para beneficio personal.

La elevada cifra de estos procesos judiciales subraya una preocupación cada vez mayor respecto a la moralidad y el cumplimiento de la ley dentro del Congreso de la República peruana.

Entre el año 2024 y septiembre de 2025, el Ministerio Público ha presentado un mínimo de 29 acusaciones constitucionales dirigidas a 39 miembros del Congreso. Además, un informe de la Fiscalía de mayo de 2024 indicó que en ese momento, 67 de los 130 congresistas estaban siendo objeto de una investigación penal en curso.

A pesar de este alto número de legisladores investigados, la falta de castigo o impunidad se mantiene como la norma.