Donald Trump firma nueva ley para deportar a inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos menores. De esto se trata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el miércoles la Ley Laken Riley, que otorga mayores poderes a las autoridades federales para deportar a migrantes que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal y que han sido acusados de delitos. Durante la ceremonia, también anunció que su gobierno planeaba enviar a los “peores delincuentes extranjeros” a un centro de detención en la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

La ley bipartidista, la primera aprobada durante el segundo mandato de Trump, lleva el nombre de Riley, una estudiante de enfermería de Georgia de 22 años que fue asesinada el año pasado por un venezolano que vivía en Estados Unidos de manera ilegal.

“Ella era un faro de calidez y amabilidad”, señaló Trump durante la ceremonia de promulgación, en la que estuvieron presentes los padres y la hermana de Riley. “Es un enorme homenaje a su hija lo que está sucediendo hoy, eso es todo lo que puedo decir. Es tan triste que tengamos que hacerlo”.

Trump ha prometido aumentar drásticamente las deportaciones, pero también dijo en la ceremonia que no confiaban en que algunas de las personas enviadas de vuelta a sus países de origen se quedaran allí.

“Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores delincuentes extranjeros que amenazan al pueblo estadounidense”, señaló el presidente. La Casa Blanca anunció poco después que Trump había firmado un memorando presidencial sobre Guantánamo.

La medida duplica inmediatamente las capacidades de detención de Estados Unidos, dijo Trump en la ceremonia de promulgación, y añadió que Guantánamo es “un lugar difícil de salir”.

En comentarios posteriores a los reporteros afuera de la Casa Blanca, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comentó sobre las instalaciones de detención ampliadas que “estamos construyéndolo” y que el gobierno buscará financiación a través de los proyectos presupuestarios que el Congreso está a punto de considerar.

Antes de que Trump asumiera el cargo, los gobiernos demócratas de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden trabajaron para reducir el número de sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo.

Laken Riley salió a correr en febrero de 2024 cuando fue asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano que se encontraba en el país de manera ilegal. Ibarra fue declarado culpable en noviembre y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.

Ibarra había sido arrestado por entrada ilegal en septiembre de 2022 cerca de El Paso, Texas, y fue liberado para que continuara con su caso en el tribunal de inmigración. Funcionarios federales dijeron que fue arrestado por la policía de Nueva York en agosto de 2023 por poner en peligro a un niño y posteriormente fue liberado. La policía añadió que también recibió una orden de comparecencia por robo en tiendas en Georgia en octubre de 2023.

La ley fue rápidamente aprobada por el Congreso recién controlado por los republicanos con un poco de apoyo demócrata, aunque los defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que podría provocar grandes redadas de personas por delitos tan menores como el robo en tiendas.

La rápida aprobación y la promulgación de Trump nueve días después de asumir el cargo añaden un potente simbolismo para los conservadores. Para los críticos, la medida ha sacado provecho de una tragedia y podría llevar al caos y la crueldad mientras hace poco para combatir el crimen o reformar el sistema de inmigración.

La madre de Riley agradeció a Trump mientras contenía las lágrimas. “Dijo que aseguraría nuestras fronteras y que nunca olvidaría a Laken y no lo ha hecho”, comentó. Varios legisladores republicanos de alto rango y Noem asistieron a la ceremonia, así como el senador demócrata John Fetterman de Pensilvania, un copatrocinador.

En virtud de la nueva ley, los funcionarios federales tendrían que detener a cualquier inmigrante arrestado o acusado de delitos como robo o agresión a un agente de policía, o delitos que lesionen o maten a alguien. Los fiscales generales estatales podrían demandar al gobierno de Estados Unidos por daños causados por decisiones de inmigración federal, lo que potencialmente permitiría a los dirigentes de los estados conservadores ayudar a dictar la política de inmigración establecida por Washington.

Con información de AP.