Donald Trump planea imponer duras multas a migrantes ilegales. Miles de colombianos se verían afectados

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría tomado una decisión que intensificará una política migratoria que podría impactar a miles de colombianos indocumentados en ese país. Esta sería la imposición de multas diarias de hasta 998 dólares (más de cuatro millones de pesos) a inmigrantes con órdenes finales de deportación que no hayan abandonado el país.

Además, el Gobierno evalúa la posibilidad de confiscar propiedades a quienes no paguen estas sanciones, según reveló una investigación de Reuters basada en documentos y correos electrónicos oficiales de parte de funcionarios del Gobierno Trump.

Esta medida se sustenta en una ley de 1996, pero fue aplicada por primera vez en 2018 durante el primer mandato de Trump. Ahora, su administración planea imponer las sanciones de forma retroactiva hasta por cinco años, lo que podría traducirse en multas acumuladas superiores a un millón de dólares para algunos migrantes, según confirmó un alto funcionario del Gobierno republicano bajo condición de anonimato.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declaró que quienes estén ilegalmente en EE. UU. deben abandonar el país voluntariamente utilizando una aplicación móvil llamada CBP Home, antes conocida como CBP One. “Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias”, afirmó. Entre esas consecuencias está la mencionada multa de casi mil dólares por cada día adicional que un migrante permanezca tras haber recibido una orden definitiva de deportación.

La política podría afectar de forma directa a los aproximadamente 1,4 millones de inmigrantes con órdenes de deportación en Estados Unidos. En ese grupo se encuentran miles de colombianos, aunque no hay cifras oficiales actualizadas sobre cuántos enfrentan este tipo de situación jurídica.

Lo que sí se sabe es que Colombia es uno de los países latinoamericanos con más migrantes en Estados Unidos. Según cifras de Pew Research Center, en 2021 había alrededor de 800.000 colombianos viviendo en EE. UU., y un informe de la Universidad del Rosario y Migración Colombia estimó en 2023 que cerca del 14 % de los colombianos en ese país se encuentran en situación irregular.

Además, la organización FWD.us advirtió que estas políticas no solo impactan a los migrantes sin estatus legal, sino también a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que viven en hogares mixtos. Se estima que al menos 10 millones de personas residen en este tipo de núcleos familiares, donde uno o más integrantes no tienen estatus migratorio regular.

Los planes de Trump han generado alarma entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Scott Shuchart, exfuncionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el gobierno de Joe Biden, advirtió que aunque las multas podrían ser impugnadas en tribunales, “su objetivo no es realmente hacer cumplir la ley, sino proyectar miedo en las comunidades”.

A nivel técnico, también existen desafíos. Un memorando interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), fechado el 1.° de abril y revisado por Reuters, señala que los sistemas actuales de la agencia no permiten administrar este tipo de sanción migratoria. Estiman que sería necesario contratar al menos 1.000 nuevos especialistas paralegales para implementar el programa, lo que implica costos y retrasos.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y Stephen Miller, asesor clave de Trump en políticas migratorias, han presionado para que la CBP administre tanto las multas como las incautaciones de bienes. Sin embargo, la CBP ha sugerido que sea el ICE el organismo que asuma la tarea.

Durante su primer mandato, Donald Trump ya había usado esta legislación para imponer sanciones de cientos de miles de dólares a migrantes que se refugiaban en iglesias. Aunque luego esas multas fueron retiradas, se volvieron a imponer algunas por montos menores, de alrededor de 60.000 dólares.

Al asumir la presidencia en 2021, Joe Biden suspendió esa política, eliminó las sanciones y dejó sin efecto varias disposiciones relacionadas. Su gobierno argumentó que estas medidas eran ineficaces y desproporcionadas.

Hasta ahora, no hay una fecha definida para la implementación oficial del nuevo régimen de sanciones. El DHS no ha confirmado ni desmentido la participación de Miller ni ha ofrecido detalles sobre los aspectos técnicos necesarios para aplicar las multas a gran escala.

Lo que sí es claro es que, de concretarse, esta política supondría una ofensiva sin precedentes contra los migrantes con órdenes de deportación en EE. UU., y los colombianos en situación irregular figuran entre los principales grupos que podrían verse directamente afectados.