Donald Trump sería sentenciado el 10 de enero por caso de soborno a exactriz Stormy Daniels

Un juez fijó el viernes 3 de enero de 2025 la sentencia del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para el 10 de enero. La sentencia es por el caso de soborno a la exactriz para adultos Stormy Daniels con el fin de silenciarla y ocurriría poco más de una semana antes del regreso del magnate a la Casa Blanca.

A pesar la situación, Juan Merchán, el juez del caso, indicó que el próximo mandatario no sería encarcelado. Sin embargo, el desarrollo del caso sí deja a Trump en camino a ser el primer presidente en asumir el cargo condenado por delitos graves.

El juez Juan M. Merchán, de origen colombiano y quien presidió el juicio, señaló en una decisión escrita que sentenciaría al expresidente y futuro presidente a lo que se conoce como libertad condicional, en la que un caso se desestima si el acusado evita ser arrestado nuevamente.

Merchán rechazó la propuesta de Trump de desestimar el veredicto y el caso por motivos de inmunidad presidencial y debido a su inminente regreso a la Casa Blanca. El juez dijo que no encontró “ningún impedimento legal para sentenciar” a Trump y que le “incumbía” sentenciarlo antes de su juramentación el 20 de enero. “Solo dándole una solución definitiva a este asunto se servirán los intereses de la justicia”, escribió Merchán.

En mayo de 2024, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Los cargos incluían un supuesto plan para ocultar un pago a la actriz Stormy Daniels, para que no hiciera públicas sus afirmaciones de que habían tenido relaciones sexuales años antes. Trump dice que su historia es falsa y que él no hizo nada malo.

Después de la elección de Trump el 5 de noviembre, Merchán detuvo los procedimientos y pospuso indefinidamente la sentencia para que la defensa y la fiscalía pudieran opinar sobre el futuro del caso. Los abogados de Trump instaron a Merchán a que lo desechara, pues dijeron que, de lo contrario, representaría “alteraciones” inconstitucionales a la capacidad del presidente entrante de gobernar el país.

Los fiscales reconocieron que debería haber algún arreglo para su próxima presidencia, pero insistieron en que la condena debería mantenerse. Sugirieron varias opciones, como congelar el caso durante su condena o garantizarle una sentencia sin prisión.

También propusieron cerrar el caso y dejar constancia formal tanto de su condena como de su apelación pendiente, una idea novedosa que se inspira en lo que hacen algunos tribunales estatales cuando los acusados de delitos mueren mientras apelan sus casos. Trump asumirá el cargo el 20 de enero como el primer expresidente en ser condenado por un delito y el primer criminal convicto en ser elegido para el cargo.

Su condena dejó al hombre de 78 años enfrentando la posibilidad de un castigo que va desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años de prisión. El caso se centró en cómo Trump justificó el reembolso a su abogado personal del pago a Daniels. El abogado Michael Cohen adelantó el dinero, que luego recuperó mediante una serie de pagos que la empresa de Trump registró como gastos legales. Trump, que ya estaba en la Casa Blanca, firmó él mismo la mayoría de los cheques.

Los fiscales dijeron que la designación tenía como objetivo ocultar el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escucharan afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.

Trump dijo que a Cohen se le pagó legítimamente por servicios legales y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado. Trump era un ciudadano privado (hacía campaña para presidente, pero no había sido elegido ni juramentado) cuando Cohen le pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando Cohen recibió el reembolso, y Cohen testificó que discutieron el acuerdo de reembolso en la Oficina Oval.

Trump, un republicano, ha denunciado el veredicto como el resultado “amañado y vergonzoso” de una “cacería de brujas” llevada a cabo por el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg.

Antes de la elección de noviembre de Trump, sus abogados intentaron revocar su condena por un motivo diferente: una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en julio que otorgaba a los presidentes una amplia inmunidad frente a procesos penales. Esa solicitud todavía estaba pendiente cuando la elección planteó nuevas cuestiones.

Trump también instó a Merchán a anular la condena y trató de trasladar el caso a un tribunal federal, donde también podría invocar inmunidad. Un juez federal le dijo repetidamente que no, pero Trump apeló. El caso del dinero para silenciar a sus seguidores fue el único de las cuatro acusaciones penales contra Trump que llegó a juicio.

Desde las elecciones, el fiscal especial Jack Smith ha cerrado sus dos casos federales. Uno se relacionaba con los esfuerzos de Trump por revertir su derrota electoral de 2020; el otro alegaba que acumulaba documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago.

*Con información de AP.