El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, 16 de diciembre, la designación del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como una “organización terrorista extranjera”.
El anuncio fue hecho a través de una publicación en su red social Truth Social, en la que el mandatario acusó a la dictadura venezolana de estar vinculada al terrorismo, al narcotráfico, la trata de personas y otras actividades criminales transnacionales.
Según Trump, la medida responde, entre otras razones, al uso que hace el régimen de Maduro de recursos petroleros obtenidos de manera ilegítima para financiar estas actividades. En su mensaje, sostuvo que el petróleo, las tierras y otros activos “robados” a Estados Unidos han servido para sostener lo que describió como un aparato criminal.
Como consecuencia directa de esa designación, Trump ordenó un “bloqueo total y completo” de todos los petroleros que entren o salgan de Venezuela.
El mandatario también afirmó que el país sudamericano se encuentra rodeado por una presencia naval estadounidense sin precedentes en la región, una presión militar que continuará aumentando hasta que, según sus palabras, esos activos sean devueltos.
Los comentarios de Trump se produjeron una semana después de que Estados Unidos incautara un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, el último paso en una campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Trump ha culpado por la entrada de drogas a Estados Unidos.
En la misma publicación, Trump reiteró su línea dura frente a la migración y señaló que migrantes ilegales y criminales, según él, fueron enviados por el régimen venezolano durante la administración de Joe Biden y están siendo deportados de manera acelerada.
“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni regímenes hostiles amenacen o dañen a nuestra nación. Ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos inmediatamente”, concluyó.
Con dicha designación, cualquier persona, empresa o entidad que brinde apoyo material, financiero o logístico a la organización designada puede enfrentar procesos penales, y no solo sanciones administrativas. Esto eleva el riesgo incluso para actores que antes operaban en zonas grises a favor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Empresas que compren, transporten, aseguren o intermedien petróleo venezolano podrían ser acusadas de financiar a una organización terrorista. Esto va más allá de sanciones económicas, si no que también implica riesgo penal para los involucrados; lo que suele paralizar el comercio internacional asociado al régimen de Miraflores.
Además, la designación otorga al Ejecutivo estadounidense una base jurídica más sólida para bloqueos, interdicciones marítimas, decomisos y otras acciones de presión, bajo el argumento de combatir el terrorismo internacional. Entre ellas, además, podría aumentar la base legal para la probación de ataques puntuales, no invasiones, algo que usó antes con Al Qaeda y el Estado Islámico.
La escalada de tensiones entre Washington y el régimen de Caracas ha estado acompañada de una serie de ataques militares contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. La campaña, que ha generado un debate político bipartidista entre los legisladores estadounidenses, ha causado la muerte de al menos 95 personas en 25 ataques conocidos contra embarcaciones.
