Mundo
Duro revés para Trump y Bukele: juez prohíbe más deportaciones de inmigrantes hacia El Salvador
Ambos mandatarios habían llegado a un acuerdo para enviar personas señaladas de pertenecer al Tren de Aragua a las cárceles de máxima seguridad salvadoreñas.
Una corte de apelaciones en Estados Unidos rechazó este miércoles un intento de la administración del presidente Donald Trump de levantar una orden judicial que impide la deportación de migrantes en situación irregular bajo una antigua ley de guerra de 1798. La normativa, raramente utilizada, solo había sido invocada en la Guerra de 1812, la Primera y Segunda Guerra Mundial. La decisión judicial representa un obstáculo para la estrategia del gobierno, que ha buscado aplicar medidas más estrictas en materia migratoria.
El caso tomó mayor relevancia luego de que el 15 de marzo el Gobierno estadounidense enviara dos aviones con migrantes venezolanos a una megacárcel en El Salvador al servicio del presidente Nayib Bukele, esto tras declarar al Tren de Aragua como una “organización terrorista” global. Sin embargo, Washington no ha presentado pruebas concretas que vinculen a los deportados con este grupo criminal.
De acuerdo con los abogados que representan a varios de los venezolanos expulsados, sus clientes no han cometido delitos y fueron seleccionados principalmente por tener tatuajes, sin que se les diera la oportunidad de defenderse ante las autoridades.
Ese mismo día, el juez James Boasberg, de la corte del distrito de Washington, suspendió temporalmente las deportaciones bajo esta ley, argumentando que los afectados debían contar con garantías procesales antes de ser expulsados. En respuesta, la administración Trump presentó un recurso para anular la decisión, pero la apelación fue rechazada por un panel de tres jueces que votaron por mantener la suspensión con dos votos a favor y uno en contra.
Lo más leído
Las juezas Karen Henderson, designada por el expresidente George H. W. Bush, y Patricia Millett, nombrada por Barack Obama, se pronunciaron a favor de preservar la prohibición temporal de las expulsiones. En contraste, el juez Justin Walker, designado por Trump, votó en contra.
En su argumentación, Millett criticó la deportación de los migrantes venezolanos, señalando que se realizó sin previo aviso, sin audiencia y sin oportunidad de demostrar que no pertenecían al Tren de Aragua. La magistrada advirtió que permitir este tipo de medidas sin un debido proceso podría abrir la puerta a que el Gobierno prive de derechos a otras personas en el futuro.
Mientras se desarrollaba la batalla legal, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, visitó la prisión en El Salvador, donde se encuentran recluidos los venezolanos deportados. Antes de su llegada, anunció en redes sociales que se reuniría con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para discutir cómo “aumentar el número de vuelos de deportación y la expulsión de criminales violentos”.
Durante una audiencia judicial el lunes, el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, defendió la postura del Gobierno, argumentando que la orden del juez Boasberg representa “una intrusión sin precedentes en los poderes del Ejecutivo”. Ensign sostuvo que la suspensión de las deportaciones impide a Trump ejercer “sus atribuciones en materia de guerra y relaciones exteriores”, lo que a su juicio debilita la autoridad presidencial en temas de seguridad nacional.
Sin embargo, la jueza Millett hizo una comparación contundente al afirmar que “los nazis recibieron un mejor trato” que los venezolanos deportados cuando se les aplicó la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial. Su declaración subraya la preocupación por el uso de una legislación de tiempos de guerra para procesar a migrantes en tiempos de paz, algo que diversas organizaciones de derechos civiles han considerado un abuso del poder ejecutivo.
Desde el ámbito legal, la decisión judicial ha sido bien recibida por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (Aclu), cuyo abogado Lee Gelernt celebró el fallo al considerar que evita que cientos de personas sean enviadas a una prisión extranjera sin ningún tipo de debido proceso.
El juez Boasberg, quien emitió la orden inicial de suspensión, ha insistido en que los migrantes sujetos a una posible deportación bajo esta ley deberían tener derecho a audiencias individualizadas para determinar su situación. Sin embargo, la postura de la administración Trump se ha mantenido firme, lo que ha generado inquietud entre expertos en derecho constitucional. Algunos temen que la Casa Blanca pueda ignorar la orden judicial, lo que podría desatar una crisis institucional en el país.
