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EE. UU. pagará 1.000 dólares a inmigrantes ilegales que se “autodeporten” con este procedimiento
El DHS también implementará un nuevo programa que cubrirá los costos de vuelos comerciales para quienes opten por regresar voluntariamente a sus países de origen.

El gobierno del presidente Donald Trump, se ofreció en las últimas horas a pagar mil dólares estadounidenses a los inmigrantes que se encuentren de manera ilegal en territorio norteamericano y decidan irse voluntariamente a su país de origen, mientras continúa la agenda de deportación masiva por parte de las autoridades.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado de prensa que también está pagando por asistencia de viaje y que aquellas personas que usen una aplicación llamada CBP Home para decirle al gobierno que planean regresar a casa serán “despriorizadas” para la detención y expulsión por parte de las autoridades de inmigración.
“Si se encuentra aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más económica de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado. El DHS ahora ofrece a los inmigrantes indocumentados asistencia financiera para viajes y un estipendio para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home”, dijo la secretaria Kristi Noem.

Para participar en el programa, las personas extranjeras deben inscribirse a través de la aplicación móvil CBP Home y declarar de forma oficial su decisión de salir del país. Solo podrán acceder al apoyo económico aquellos que finalicen correctamente el trámite y salgan del territorio de Estados Unidos.
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Asimismo, quienes opten por esta salida voluntaria dejarán de ser una prioridad para la detención por parte de las autoridades migratorias, y conservarán la opción de solicitar su entrada legal a Estados Unidos en el futuro.
El presidente Donald Trump ha hecho de la aplicación de las leyes migratorias y de la deportación masiva de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos un elemento central de su campaña, pero se trata de una iniciativa costosa que requiere muchos recursos.
Mientras la administración republicana insiste al Congreso para que apruebe un incremento significativo de fondos destinados al Departamento de Inmigración y Control de Aduanas —encargado de las deportaciones—, también está ejerciendo presión sobre quienes permanecen en el país sin autorización legal para que opten por regresar voluntariamente a sus países de origen.

El gobierno de Trump considera criminales a todos los migrantes que han entrado sin visa ni permiso, y también a algunos de los que abrieron expedientes de solicitud de asilo durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden.
Según datos gubernamentales, las autoridades han detenido a más de 168.000 migrantes en 2025, incluidos más de 600 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que Trump ha declarado organización “terrorista” global.
Washington ha deportado a casi 300 personas a las que acusa de ser pandilleros del Tren de Aragua y de la pandilla MS-13 a la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, que se prestó a recluirlos al cambio del pago de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.

Algunos abogados de los deportados niegan que sus clientes sean pandilleros. Aseguran que han sido detenidos solo por sus tatuajes.
Varias asociaciones de defensa de los derechos civiles también denuncian la expulsión de migrantes sin la garantía de un debido proceso.