El Cartel de los Soles sí existe: los indictments de la justicia norteamericana en contra de Maduro y sus aliados

El Cartel de los Soles no es una excusa de la extrema derecha para invadir Caracas, como sostiene el presidente Gustavo Petro. Venezuela, un país que hace años fue próspero, ha vivido por décadas el saqueo de sus arcas, repletas por la bonanza petrolera y sus inmensas riquezas naturales. Además, son numerosas las investigaciones judiciales y periodísticas que han demostrado que desde el régimen de Nicolás Maduro se ha cohonestado con grupos como las Farc, para exprimir el muy rentable negocio de enviar coca a Estados Unidos.

El nombre con el que se conoce esa estructura, enquistada en el Estado, es bastante particular: los Soles. Estos hacen referencia a las insignias que el gobierno de Maduro les da a los militares de alto rango, los mismos que han sido señalados de ser quienes manejan el negocio. “Más que una leyenda, el Cartel de los Soles sigue traficando entre ríos, fincas y avionetas en Venezuela, logrando trasegar hasta 350 toneladas de cocaína al año”, recuerda en un reportaje el medio Armando.Info, que ha logrado desenmascarar los negocios del dictador por años.

Los militares venezolanos se hacen llamar “Los Intocables”. Lo han sido desde que el chavismo tomó el poder. Las investigaciones en contra del régimen no son nuevas, sino que datan del año 2020 y están consignadas en numerosos procesos en diferentes distritos judiciales de los Estados Unidos.

El principal, el de Nicolás Maduro Moros, está en el distrito de Nueva York. El presidente venezolano, quien usurpó las pasadas elecciones, tiene desde 2020 un indictment en su contra en este país. Por este proceso sobre su cabeza se puso una recompensa de 15 millones de dólares.

En esa primera decisión judicial, el fiscal federal Geoffrey S. Berman anunció “cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una alianza narcoterrorista con las Farc durante los últimos 20 años”.

El funcionario aseguró que este poder criminal solo fue posible porque “Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela”. Para la justicia norteamericana es claro que el líder venezolano y sus aliados “pretendieron expresamente inundar Estados Unidos de cocaína… Maduro utilizó la cocaína deliberadamente como arma”.

El indictment da detalles muy específicos de cómo funciona esa red macabra. Por ejemplo, cuenta que el mismo Maduro acordó lavar millones de dólares provenientes de las Farc, “mediante la compra de equipos de extracción de aceite de palma en Malasia”, y luego hizo gestiones para incentivar este sector agropecuario.

Sobre su alianza con las Farc, el indictment sostiene que Maduro llegó a negociar, vía Honduras, los envíos de cocaína que producía el grupo colombiano y “solicitó asistencia de los líderes de las Farc para entrenar a un grupo de milicianos no autorizado que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cartel de los Soles”.

En este mismo documento se relata el papel que tuvieron dos traidores del proceso de paz en Colombia: Iván Márquez y Jesús Santrich. A Márquez, de quien se asegura está resguardado en Venezuela desde donde lidera la temida Segunda Marquetalia, lo acusan de tres cargos:

1) Participar en una conspiración de narcoterrorismo. 2) Conspirar para exportar cocaína a los Estados Unidos y 3) Conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos. Como se sabe, Santrich, quien también se resguardaba en el vecino país, fue dado de baja en 2021.

Pero este no fue el único indictment en el que la justicia del Tío Sam puso sus ojos en el régimen venezolano. En Nueva York también está el proceso contra Tareck El Aissami, quien ha sido vicepresidente, y ministro de Industria, Petróleo e Interior, en diferentes momentos del Gobierno Maduro.

El distrito de Columbia, por su lado, también emitió un indictment contra Vladimir Padrino López, el jefe de las fuerzas militares de Maduro y el mismo que esta semana anunció un ‘despliegue’ de miles de hombres, buques y drones para resguardar sus fronteras, especialmente la del Catatumbo.

En la Florida hay dos decisiones. Una contra Maikel José Moreno Pérez y otra contra Luis Alfredo Motta Domínguez. El primero fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela y es acusado de lavado de dinero y de arreglar decisiones judiciales. El segundo es un exministro de Energía Eléctrica, acusado de sobornos y también de lavado. Un tribunal del distrito de Arizona investigó al coronel Giuseppe Luciano Menegazzo Carrasquel, a quien después sentenció a tres años de prisión. En Texas está el proceso contra Luis Carlos de León-Pérez.

Durante el gobierno de Joe Biden, el régimen venezolano vivió un respiro. El presidente demócrata confiaba en que dando algunas gabelas al país, este retornaría a la democracia. Maduro se comprometió en el Acuerdo de Barbados a respetar las reglas electorales y Estados Unidos devolvió a quien es señalado de ser uno de los cerebros del blanqueamiento de dinero del régimen, el colombiano Álex Saab. Se dijo que incluso hubo un documento secreto firmado en Catar, en el cual la Casa Blanca había ofrecido el retiro de las sanciones económicas. Evidentemente, a todo eso el dictador le hizo conejo.

El ascenso este año del presidente Trump hizo pensar a muchos que por fin había llegado el garrote. Pero la realidad es que el mandatario estadounidense es ante todo un negociante, que sabe dónde poner sus apuestas y cómo voltear a su contrincante. Sacar a Maduro del poder no parece ser la obsesión de Trump, quien sí se ha metido de frente en los conflictos de Ucrania y el Oriente Medio.

En una política internacional dirigida por primera vez en la historia por un funcionario con amplia ascendencia latina como Marco Rubio, también es claro que el dictador no la sacará barata. El envío de los buques, la artillería y la misión anfibia muestra hasta dónde Trump podría llegar para presionar al régimen venezolano. En una entrevista en el despacho Oval y sin mencionar al país, el presidente dijo que hoy tiene la capacidad militar para llegar a cualquier país en menos de 24 horas.

Maduro lo sabe y ha dejado claro que se está preparando. Habló de una cifra enorme de 4,5 millones de milicianos que comenzaría a alistar. Y anunció el envío de 15.000 soldados y policías a la frontera con Colombia, la retaguardia que más teme, y donde ahora opera la controvertida zona binacional, acordada con el gobierno de Gustavo Petro.

Los buques son apenas la punta más visible de la ofensiva de la Casa Blanca. Pero no es la única movida que ha dado este gobierno en los últimos meses. El pasado 25 de julio, Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como organización terrorista. “La decisión de llevar al Ejército a la lucha es el paso más agresivo hasta ahora en la creciente campaña de la Administración contra los carteles. Y señala la continua voluntad del presidente Trump de utilizar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de aplicación de la ley para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales”, aseguró The New York Times, citando fuentes en la Casa Blanca.

El 7 de agosto, el Gobierno elevó la recompensa por Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. “Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, duplicamos su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y responderá por sus despreciables crímenes”, aseguró la fiscal Pam Bondi.

Las investigaciones no son solo de la justicia norteamericana. El medio Armando.

Info, por ejemplo, publicó hace poco una filtración de documentos de inteligencia colombianos que demuestran cómo desde hace años las autoridades del país han considerado al Cartel de los Soles como una amenaza criminal latente. “No tiene capo, pero es manejado por la alta oficialidad de la Fuerza Armada Nacional. Hace poco ruido, pero tiene aliados tan poderosos como el Cartel de Sinaloa y el ELN. Entre ríos, fincas y avionetas, en Venezuela sigue traficando el Cartel de los Soles, como lo establecen las acusaciones de la justicia estadounidense a las que ahora respaldan decenas de documentos de la Fiscalía colombiana”, sostiene la investigación.

La negación de su existencia por parte del presidente Petro llevó a congresistas norteamericanos como Carlos Giménez a advertirle que apoyar a Maduro constituiría ahora un crimen en Estados Unidos, por lo cual podría ser investigado. Petro solo atinó a contestar: “Si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy”.