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Esta es la causa por la que colapsó el techo de discoteca en República Dominicana donde murió el cantante Rubby Pérez
El techo de la famosa discoteca Jet Set se desplomó, dejando un saldo de 236 muertos.
La fiscalía dominicana pidió que el principal responsable de la discoteca que colapsó en Santo Domingo encare el cargo de homicidio involuntario bajo prisión preventiva.
Antonio Espaillat, propietario del lugar, fue detenido el pasado jueves, 12 de junio, junto con su hermana Maribel, también propietaria del club Jet Set, que se derrumbó el 8 de abril y dejó 236 muertos.
“El Ministerio Público está solicitando (…) prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario contra Maribel”, les dijo a periodistas el fiscal Héctor García.
Según el informe técnico preliminar entregado al Ministerio Público el 11 de junio de 2025, el derrumbe del techo del reconocido centro nocturno Jet Set Club no se debió a un movimiento sísmico ni a una detonación.
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En realidad, se trató de una falla estructural ocasionada por una carga excesiva que excedió la resistencia de las vigas, situación que se vio intensificada por modificaciones posteriores y el peso adicional no contemplado en el diseño original.
La fiscalía indicó que el Jet Set era “una operación comercial negligente que ponía en riesgo a cientos de vidas”, según un comunicado en el que compartió parte de los hallazgos del peritaje técnico.
El techo del Jet Set colapsó durante el concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien falleció en el incidente.
Jet Set funcionó en ese edificio desde 1994. El Ministerio Público (MP) indicó que los imputados “alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca sin supervisión técnica”.
Enumeró “hallazgos críticos” en el estudio técnico del desastre como “la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte”.
“La imputada Maribel Espaillat, enterada de un incidente de caída de escombros horas antes del derrumbe y ante una solicitud de suspensión de la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia del imputado Antonio Espaillat López y la imposibilidad de detener la fiesta, priorizando el lucro económico sobre la seguridad y la vida de las personas”, señala el documento del Ministerio Público.
“Posteriormente, se eliminó una columna clave de la estructura, lo que afectó significativamente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional ni permiso que respaldara la modificación, lo que demuestra un comportamiento de alto riesgo”, dice el texto.
El mismo Espaillat dijo el pasado 23 de abril que el local “siempre” tuvo problemas de filtración y que “nunca” fue supervisado por las autoridades, al tiempo que el gobierno ha reconocido un vacío legal en temas de regulación de infraestructuras.
Los parientes de las víctimas presentaron por su parte más de 80 demandas civiles contra esta poderosa familia, que tiene además un conglomerado de medios y restaurantes.
El cargo de homicidio involuntario conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel.
Con información de AFP*
