Hijas de Rubby Pérez exigen esta indemnización millonaria tras la muerte del artista en discoteca que se derrumbó

Las hijas del reconocido cantante dominicano de merengue, Rubby Pérez, interpusieron una demanda civil contra los propietarios y socios de la discoteca Jet Set, en República Dominicana, luego de que un derrumbe en el lugar acabara con la vida de 236 personas, incluido el artista. La familia exige una indemnización millonaria como compensación por los hechos que califican de evitables y negligentes.

Han pasado poco más de dos meses desde la noche del 8 de abril, cuando el techo de la emblemática discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, colapsó mientras se celebraba un concierto. La tragedia dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, lo que ha derivado en una ola de acciones legales contra los responsables del establecimiento.

Hasta la fecha, se han presentado 108 demandas civiles contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local, quienes fueron detenidos la semana pasada y enfrentan cargos por homicidio involuntario. Actualmente, ambos están en libertad mientras avanzan los procesos judiciales.

Entre quienes han acudido a la justicia están Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, dos de las hijas del fallecido Rubby Pérez. Su demanda, respaldada por el resto de la familia, busca una compensación de 435 millones de pesos dominicanos, que equivalen a más de 29.000 millones de pesos colombianos o alrededor de 7 millones de dólares.

Según el comunicado oficial divulgado por la firma de abogados que representa a la familia, el colapso del techo “dejó como saldo 236 personas fallecidas, más de 180 heridas y un número indeterminado de familias desgarradas por pérdidas repentinas e irreparables”. En ese grupo, aseguran, hay personas “en situación de orfandad, hijos e hijas que deberán rehacer sus vidas sin la presencia de quienes los cuidaban, amaban y guiaban”.

Las hijas de Pérez dejaron claro que su decisión de demandar no está motivada por revancha. “El proceso judicial no nace del rencor ni del protagonismo, sino de un duelo profundo, de una pérdida irreparable y de la necesidad de que República Dominicana enfrente una verdad incómoda: hemos fallado como sociedad cuando el entretenimiento puede más que la vida y cuando el Estado no cumple su rol esencial de cuidar, fiscalizar y prevenir”, afirman en el documento.

También señalaron que la denuncia que presentan “es una herramienta legal, pero también un acto de memoria”, y añadieron que su propósito no es castigar sin pruebas. “No busca castigar sin fundamentos ni emitir juicios paralelos”, aclararon.

El dinero que solicitan en compensación, explicaron, será destinado a la creación de una iniciativa enfocada en la juventud dominicana, aunque no especificaron aún su naturaleza o alcance.

Las hijas de Rubby Pérez pidieron que el caso “se investigue, que se determine la verdad, que se asuman responsabilidades donde corresponda y que las víctimas no desaparezcan del relato oficial”. También subrayaron que no consideran que lo ocurrido haya sido un hecho aislado, sino “un riesgo consciente por parte de los propietarios”.

En el plano judicial, los hermanos Espaillat enfrentan una posible pena de hasta dos años de prisión por los cargos de homicidio involuntario. Un tribunal dominicano los señaló por “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al mantener operativo un local que, según informes técnicos, presentaba fallas estructurales severas.

Las investigaciones revelaron que el techo de Jet Set colapsó tras haber sido cargado excesivamente con ductos, aires acondicionados y tanques de agua, “sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar ese peso”. Además, la Fiscalía denunció intentos de los propietarios por “intimidar o manipular a empleados” que podrían servir como testigos clave.

La familia de Rubby Pérez insiste en que haya justicia y verdad, y que se garantice que tragedias como esta no se repitan. “Hemos fallado como sociedad cuando el entretenimiento puede más que la vida y cuando el Estado no cumple su rol esencial de cuidar, fiscalizar y prevenir”, concluyeron Casiey y Ana, en nombre de toda su familia.