Impactante caso de funeraria que es investigada por vender cadáveres a universidades

La Audiencia Provincial de Valencia aceptó un recurso de la Fiscalía y decidió procesar también a los dos dueños de la funeraria, además de a dos empleados que ya estaban siendo investigados. La Fiscalía argumentó que la “implicación, conocimiento y capacidad de decisión” de los propietarios era innegable.

Según la investigación, los sospechosos falsificaban documentación para retirar cadáveres de hospitales y residencias, los cuales luego vendían a universidades para fines de estudio a un precio de aproximadamente US$1,300 (aproximadamente 5.200.000,00 mil pesos colombianos) por cuerpo. Además, habrían facturado a una universidad US$5,450 (aproximadamente 21.000,00 mil pesos colombianos) por once incineraciones de cuerpos que, una vez estudiados, no fueron registradas en las facturas de las incineradoras locales.

La Policía Nacional sospecha que los investigados seleccionaban fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros o personas que habían vivido en condiciones precarias, para evitar cualquier seguimiento de las donaciones por parte de familiares y así obtener mayor impunidad.

La investigación comenzó a principios de 2023 cuando se descubrió que un cadáver había sido retirado de un hospital de forma irregular por la funeraria, mediante falsificaciones en los registros.

La investigación comenzó a principios de 2023, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la retirada irregular de un cadáver de la morgue de un hospital por parte de una funeraria. Esto se hizo mediante la falsificación de documentos en el registro del hospital y en la documentación proporcionada al Registro Civil.

Tras numerosas investigaciones, se comprobó que dos trabajadores de la funeraria habían falsificado documentos para apoderarse del cuerpo en la morgue del hospital y trasladarlo a una universidad para su estudio, en lugar de darle sepultura.

El fallecido debería haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia pagado por el ayuntamiento, pero en su lugar fue vendido a una universidad sin el consentimiento de familiares.

Además, según las sospechas, los implicados aprovechaban el desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando una sola incineración para varios cadáveres. De esta manera, se ahorraban el pago de las incineraciones y las facturaban a la universidad, obteniendo importantes beneficios.

Inicialmente, solo dos empleados de la funeraria estaban siendo investigados. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia aceptó un recurso de la Fiscalía y decidió procesar también a los dos dueños de la funeraria, ahora, el tribunal ha ordenado tomarles declaración, revocando la decisión previa de dejarlos fuera del proceso.