Informe del Gobierno norteamericano raja a Colombia en derechos humanos: “Grave corrupción gubernamental, ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público su reporte de derechos humanos, que emite anualmente y abarca el período del año 2023. En esta ocasión, el departamento ejecutivo federal responsable de las relaciones internacionales se refirió al alarmante caso de Colombia en materia de derechos humanos.

En un resumen ejecutivo emitido este 22 de abril, el Departamento de Estado habló de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, y torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por parte de fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos armados.

En el informe también presenta la situación de abuso en materia de “grave corrupción gubernamental; delitos que implican violencia o amenazas de violencia contra miembros de grupos raciales y étnicos, incluidos los pueblos afrocolombianos e indígenas; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales”.

El Departamento de Estado informó también sobre el actuar de las organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional, organizaciones de narcotráfico y pequeñas bandas criminales, que continúan cometiendo abusos contra los derechos humanos y crímenes violentos.

El Gobierno norteamericano analizó varios informes que aseguran que el Gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegítimos, incluidos asesinatos extrajudiciales, durante el año.

“Organizaciones de derechos humanos, víctimas e investigadores del Gobierno acusaron a algunos miembros de las fuerzas de seguridad de colaborar o tolerar las actividades de bandas criminales, entre las que se encontraban algunos exmiembros paramilitares”, dice el informe.

Los grupos armados, en particular el ELN, los disidentes de las Farc y el Clan del Golfo, cometieron homicidios ilegítimos, principalmente en zonas con actividades económicas ilícitas y sin una fuerte presencia gubernamental, según el texto.

Incluso, algunos miembros de las Farc que participaron en el proceso de paz alegaron que el Gobierno no había cumplido plenamente sus compromisos, como garantizar la seguridad de los excombatientes desmovilizados y facilitar su reintegración.

Corrupción en el Gobierno

Según el informe emitido por el Departamento de Estado, pese a que la ley establece sanciones penales contra funcionarios corruptos, hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz.

“Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción”, dice el informe.

Los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios del Gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes.

Otros abusos y violaciones a los derechos humanos

Según la ONG Somos Defensores, las autoridades gubernamentales rara vez hacen cumplir las leyes que otorgan derechos a las personas con discapacidad. El acceso de las personas con discapacidad a la educación, los servicios de salud, los edificios públicos y el transporte no eran en general en igualdad de condiciones que el de otras personas.

Hubo informes confirmados de violencia social y discriminación contra personas con VIH y sida. En una encuesta de 2022, el Gobierno informó que una alta proporción de personas con VIH decidieron mantener su diagnóstico oculto a su pareja, cónyuge, familia, trabajo y amigos, principalmente por miedo al rechazo, el estigma y la discriminación.

“A pesar de las medidas adoptadas por el Ministerio del Trabajo para fortalecer su sistema de inspección de la legislación laboral, el Gobierno no estableció una estrategia nacional consistente y sólida para proteger la libertad de asociación y la negociación colectiva”, según el texto.

La ONG Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados afirmó que las amenazas y la violencia contra líderes y comunidades afrocolombianos causaron altos niveles de desplazamiento forzado, especialmente en la región de la costa del Pacífico.

Otros abusos contra los derechos humanos ocurrieron en el contexto del conflicto y el tráfico de narcóticos. Los narcotraficantes y los grupos armados desplazaron a poblaciones predominantemente pobres y rurales. Los grupos armados, particularmente en los departamentos de Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y Norte de Santander, explotaron a niños, incluidos niños venezolanos, indígenas y afrocolombianos en la trata de personas, reclutándolos por la fuerza para que sirvieran como combatientes e informantes, para cosechar cultivos ilícitos y ser explotados en el tráfico sexual.