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Investigada: presidenta de Perú bajo la lupa por financiación ilegal de su campaña electoral
Dina Boluarte deberá comparecer el 14 de octubre de 2025.
La Fiscalía de Lavado de Activos de Perú abrió una investigación contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por un presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas a raíz de un presunto aporte de 150.000 soles para la campaña de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, cuando se presentó como candidata a vicepresidencia por el partido Perú Libre.
El fiscal Ángel Astocondor emitió una disposición que amplía los hechos materia de investigación aún en fase preliminar y se ha incluido como investigado al empresario Eduvigis Beltrán Salinas y a la propia Boluarte, quien en la fecha de los acontecimientos no tenía la condición de aforada, según recoge el diario peruano ‘El Comercio’.
La disposición prevé además la declaración de los implicados, incluida la de Dina Boluarte, que deberá comparecer el 14 de octubre de 2025.
Según la disposición, el 19 de mayo del 2021 Boluarte participó en una reunión en la que el empresario prometió entregar el dinero para gastos de la fiesta de acompañamiento musical en las actividades de campaña de Boluarte durante el final de la campaña de la segunda vuelta.
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“Se tendría que el dinero en mención se habría logrado entregar a Dina Boluarte Zegarra de manera directa o por intermedio de Marcela Saldarriaga Ortiz, en una fecha que oscila entre el 19 y 26 de mayo de 2021, sin descartarse que el intermediario de la recepción de dicho dinero pueda haber sido otra persona”, explica el documento.
El empresario Beltrán ha negado haber entregado el dinero para la campaña electoral de Boluarte e incluso ha negado conocerla en persona. El caso está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
En marzo de 2024, Boluarte se vio envuelta en una investigación periodística que reveló que la mandataria poseía relojes de lujo, entre ellos un Rolex valorizado en varios miles de dólares.
La controversia se centró en que Boluarte no había declarado estos artículos en su hoja de vida ni en sus declaraciones juradas de bienes. Esto generó sospechas sobre el origen del reloj y abrió la puerta a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El escándalo se intensificó cuando se supo que no era solo uno, sino varios relojes de alto valor.
La Fiscalía peruana llevó a cabo un allanamiento simultáneo en su domicilio y en el Palacio de Gobierno para buscar pruebas. Boluarte declaró que los relojes eran “préstamos” de un amigo cercano, lo que también generó críticas por la falta de transparencia y posibles conflictos de interés.
El caso se volvió un símbolo del descontento con la clase política peruana y afectó seriamente su imagen pública, aunque en el plano judicial el proceso aún está en marcha.
Con información de Europa Press*
