Italia toma drástica decisión que podría afectar a millones de solicitantes de ciudadanía

La Cámara de Diputados de Italia aprobó este martes una reforma legislativa que redefine de manera sustancial el acceso a la ciudadanía italiana para descendientes de italianos nacidos en el extranjero. La medida, promovida por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, fue convertida en ley tras una votación que contó con 137 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones.

A falta únicamente de la firma de la propia Meloni, la norma está lista para entrar en vigor, generando gran preocupación, especialmente en América Latina, donde millones de personas han tramitado, o aspiraban a tramitar, su nacionalidad por vía hereditaria para poder viajar eventualmente al país europeo.

La nueva legislación introduce una interpretación más restrictiva del principio de ius sanguinis (derecho de sangre), que ha sido la base del reconocimiento de ciudadanía italiana durante más de un siglo.

Hasta ahora, cualquier persona que pudiera acreditar descendencia directa de un ciudadano italiano nacido después de 1861, incluso si se trataba de un tatarabuelo, tenía derecho a reclamar la ciudadanía. Con la reforma, ese derecho se limita exclusivamente a quienes tengan como ascendientes a un padre o un abuelo italiano. En otras palabras, solo se reconocerán vínculos de hasta dos generaciones.

Este endurecimiento representa un cambio de paradigma en la política migratoria italiana y ha sido justificado por el gobierno como un intento por contener el aumento exponencial de solicitudes que, según las autoridades, han saturado el sistema y debilitado el sentido identitario de la ciudadanía. En América del Sur, particularmente en países como Argentina y Brasil, las oficinas consulares italianas han recibido decenas de miles de peticiones en los últimos años, lo que ha generado demoras y listas de espera de hasta una década.

Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Italia y figura clave en la defensa de esta reforma, señaló que el objetivo es preservar la esencia del vínculo con Italia. Según sus palabras, “la ciudadanía no puede ser solo un trámite administrativo. Debe reflejar una conexión genuina con nuestra cultura, nuestros valores y nuestra comunidad”. Para Tajani, la medida no es excluyente, sino selectiva: “Responsabiliza a quienes la solicitan y fortalece la credibilidad del sistema”, afirmó.

Además del nuevo límite generacional, la ley establece otras modificaciones significativas. La transmisión automática de la ciudadanía ya no será garantizada: será necesario demostrar un lazo real y vigente con Italia. En el caso de los menores de edad, estos podrán obtener la ciudadanía solo si sus representantes legales así lo manifiestan y si han residido en territorio italiano al menos dos años.

También se fijó un plazo máximo de 24 meses para resolver solicitudes por matrimonio, y se creó una ventana temporal, entre julio de 2025 y diciembre de 2027, para que antiguos ciudadanos italianos que hayan perdido su nacionalidad y hayan vivido en Italia durante al menos dos años puedan recuperarla.

En términos prácticos, esta reforma podría dejar sin opción a millones de personas que hasta ahora veían en la ciudadanía italiana una vía legítima para fortalecer sus vínculos familiares, obtener un pasaporte europeo o acceder a nuevas oportunidades laborales y educativas.

Solo en Argentina, donde se estima que al menos 20 millones de personas tienen algún antepasado italiano, la noticia ha sido recibida con inquietud por comunidades enteras que veían el reconocimiento de la ciudadanía como parte de su identidad y una posibilidad concreta de movilidad global.