La Corte Suprema de EE. UU. está investigando controversia sobre esfuerzos de Biden para combatir la desinformación en línea

Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra inmersa en un caso crucial que aborda los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para combatir la desinformación en línea. La demanda fue interpuesta por fiscales generales republicanos de Luisiana y Misuri, argumentando que los funcionarios gubernamentales han excedido sus límites al intentar controlar la desinformación relacionada con vacunas y elecciones.

El año pasado, un tribunal inferior limitó la capacidad de ciertos funcionarios y agencias gubernamentales para intervenir en las redes sociales y regular su contenido. Este fallo fue bien recibido por conservadores, quienes acusan al gobierno de presionar a plataformas como Facebook y Twitter para censurar opiniones de derecha bajo el pretexto de combatir la desinformación.

La orden afecta a varias agencias, como el FBI, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, así como a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, impidiéndoles interactuar con redes sociales o censurar contenido protegido por la Primera Enmienda.

El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, acusa a los funcionarios de intentar “dictar lo que los estadounidenses pueden o no pueden decir” en las redes sociales sobre temas como el COVID-19, las elecciones y las críticas al gobierno.

Esta medida podría limitar la capacidad de las principales agencias gubernamentales para informar a las plataformas sobre contenido engañoso u odioso, aunque permitiría la notificación sobre actividades criminales, amenazas a la seguridad nacional e intentos extranjeros de influir en elecciones.

Además de las interacciones con redes sociales, la orden también restringe la colaboración de las agencias con grupos como Election Integrity Partnership, fundada en 2020 como una coalición no partidista para empoderar a la comunidad de investigadores, y otros para defender nuestras elecciones de la información en línea, luchando contra la desinformación electoral.

Expertos en desinformación y en la Primera Enmienda han criticado la decisión, argumentando que las autoridades deben equilibrar la denuncia de mentiras con la protección de la libertad de expresión.

El Gobierno de Biden defiende que los funcionarios intentaron mitigar los riesgos de la desinformación en línea, incluyendo información falsa sobre vacunas que, según ellos, causaba muertes evitables, alertando a las empresas de redes sociales sobre contenido que violaba sus políticas.

En el caso discutido el lunes, los demandantes argumentan que las plataformas suprimieron el discurso conservador, atribuyéndolo a la influencia gubernamental, lo cual consideran una violación de la Primera Enmienda, la que prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión, que impida su libre práctica, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales, actualmente, se está a la espera de una revisión del caso por parte de los magistrados.

Con información de AFP