Las autoridades surcoreanas se despliegan en la residencia del destituido presidente, Yoon Suk-yeol, para ejecutar su arresto

Las autoridades surcoreanas, que investigan al destituido presidente Yoon Suk-yeol, se han desplegado este martes, 14 de enero, por segunda vez, en su residencia oficial en Seúl, para intentar ejecutar la orden de arresto en su contra tras declarar a principios de diciembre la ley marcial.

La Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) ha movilizado a casi 1.000 efectivos en el marco de un importante operativo de seguridad alrededor de su residencia. El abogado de Suk-yeol ha afirmado que estas acciones son “ilegales”, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

Las fuerzas de seguridad han advertido que las personas que obstaculicen el proceso podrían ser detenidas. Decenas de miembros de su partido político, el Partido del Poder Popular (PPP), y cientos de personas han formado barricadas para impedir el acceso de los agentes a la residencia.

El primer intento de ejecutar la orden de arresto contra Suk-yeol fracasó el 3 de enero, después de que el equipo de seguridad del cesado presidente impidiera que los agentes entraran en la vivienda en medio de importantes disturbios desencadenados por sus seguidores.

Suk-yeol está bajo orden judicial tras negarse, hasta en tres ocasiones, a comparecer frente a acusaciones de insurrección en el marco de la fallida ley marcial que declaró el pasado 3 de diciembre y que desató una tormenta política en el país asiático.

Luego de permanecer a las afueras del complejo durante varias horas, se pudo ver a investigadores anticorrupción y policías avanzando hacia el complejo. Instantes antes se pudo observar a agentes de Policía que usaban escaleras para trepar sobre las filas de buses que el servicio de seguridad presidencial había colocado cerca de la entrada del complejo.

Los agentes de Policía podrían encontrar más obstáculos a medida que se acercan a la residencia de Suk-yeol.

Investigadores anticorrupción y policías podrían participar en un operativo que podría extenderse durante varios días para detener a Suk-yeol, quien ha permanecido recluido en su residencia de Hannam-dong durante varias semanas.

Suk-yeol ha justificado su decreto de ley marcial como un acto legítimo de gobernanza en contra de una oposición “antiestatal” que obstaculiza su agenda con su mayoría legislativa y ha prometido “luchar hasta el final” en contra de los esfuerzos por destituirlo.

A pesar de contar con una orden judicial para detener a Suk-yeol, el servicio de seguridad presidencial ha insistido en que está obligado a proteger al mandatario y ha colocado alambre de púas alrededor del complejo y varias filas de autobuses para bloquear los accesos.

A medida que las tensiones escalaban, el gobernante interino de Corea del Sur, el viceprimer ministro Choi Sang-mok, emitió un comunicado en el que llamó a las autoridades policiales y al servicio de seguridad presidencial a asegurarse de que no hubiera “enfrentamientos físicos”.

Varios policías vestidos con chaquetas de color negro, y vehículos policiales, incluida una vagoneta blanca en la que se presume viajan miembros de un equipo de búsqueda y arresto dentro, fueron vistos frente a la puerta del complejo presidencial.

También se pudo ver a otro grupo de policías mientras avanzaba por un sendero cerca del complejo, aparentemente buscando otra ruta de ingreso.

*Con información de AP y Europa Press.