“Nicolás Maduro va a profundizar los peligros para la seguridad nacional en Colombia”: Néstor Humberto Martínez advierte en SEMANA

SEMANA: ¿Qué piensa de la Conmoción Interior como medida para enfrentar la grave crisis que se vive en el Catatumbo?

Néstor Humberto Martínez (N. H. M.): En primer lugar, hay que tener en cuenta que el estado de conmoción interior requiere que su causa se deba a circunstancias extraordinarias y, al mismo tiempo, se requieran medidas extraordinarias para conjurar el problema del orden público.

Es bastante inocente pensar que uno restablece el orden público a punta de decretos. ¿Por qué, más bien, no dejan actuar al fin al Ejército y a la Policía y no les tienen más las manos amarradas? ¿Por qué no restablecen los bombardeos? ¿Por qué no combaten el narcotráfico y erradican los cultivos ilícitos? ¿Por qué no entra el Ejército a la zona del conflicto?

Hay una situación que es dolorosísima: la policía judicial no pudo hacer el levantamiento de los cadáveres y los vimos desfilar en camiones, como si fueran reses. El orden público no se restablece con un papelito que se expida en Palacio, eso es con la acción determinante del Ejército y la Policía, que entran al territorio. Es decir, ninguna de las medidas que se requieren para restablecer el orden público —que son ejercicio de la fuerza legítima del Estado y de los poderes ordinarios del Estado— necesitan de un decreto que lo autorice.

SEMANA: ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para decretar la conmoción interior?

N. H. M.: Primero, tienen que ser hechos sobrevinientes de naturaleza extraordinaria y que requieran medidas extraordinarias para conjurar la situación de orden público. Lo que está ocurriendo en el Catatumbo no es nada extraordinario, es el producto de haber convertido al Catatumbo en un santuario de la coca. Y por eso, los actores que están allí están tratando de tomarse el territorio, para mantener el monopolio del narcotráfico en la región.

Se convirtió en un santuario de la coca porque, en diciembre del año 2022, el presidente Petro viajó al Catatumbo y, en una reunión con la asociación de cocaleros, les dijo que no iba a judicializar a ningún cocalero, cuando la ley penal dice que eso es un delito. O sea, el Gobierno derogó el Código Penal para el Catatumbo. Les dijo, adicionalmente, que no iba a erradicar los cultivos ilícitos y que había proyectos productivos para ir haciendo tránsito hacia una economía formal y tampoco llegaron.

Entonces lo único que ha quedado allá es la orden de no judicializar a los cocaleros, que son colaboradores y miembros de la guerrilla y de los carteles mexicanos de la droga. Creó una zona de impunidad que ha terminado en que allí haya más de 30 mil hectáreas de coca, y que se haya convertido en la segunda zona cocalera más importante del país, que se beneficia de su límite con Venezuela para utilizar los corredores de exportación de la droga.

SEMANA: ¿Cuál es el origen de lo que está pasando esta semana?

N. H. M.: El origen de este conflicto es el producto de una política oficial mal concebida, que se denunció a tiempo y que permaneció, mientras que tampoco llegaron los proyectos productivos que estaban reclamando los campesinos. Por ejemplo, las autoridades han pedido que se haga el plan Catatumbo, que lo han ido aplazando día tras día, y no llegaron los proyectos de inversión. Por eso es que uno puede decir a ciencia cierta que la causalidad de lo que se ha vivido —con el drama humanitario incluido— no es extraordinario y no da lugar a una declaratoria de conmoción interior. Y por ello mismo, las medidas que son de orden público no son tampoco de naturaleza extraordinaria, sino con las facultades ordinarias que tiene el gobierno pueden conjurarse.

SEMANA: ¿Y qué implica en la conmoción interior que la situación no sea de naturaleza extraordinaria?

N. H. M.: Las propias autoridades sabían lo que venía, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo son nítidas, y las recoge el propio decreto de conmoción interior, con lo cual yo podría decir que el propio gobierno confiesa que sabía lo que iba a pasar y no hizo nada, y eso mismo le inhibe de apelar a un estado de excepción, porque había conocimiento del Estado.

Otra confesión del decreto, que hace que este tenga un pronóstico reservado en la Corte Constitucional, es que, al reconocer que el problema es estructural, es una situación de anormalidad normal y esa es una teoría jurisprudencial de la Corte Constitucional desde la época de Carlos Gaviria, cuando declaró inconstitucional la conmoción interior que decretó Ernesto Samper, apelando a la teoría de que no basta la circunstancia de anormalidad estructural en una región, sino que esa circunstancia de anormalidad sea sobreviviente y extraordinaria. Lo cual se opone, dice la jurisprudencia de la Corte, a situaciones de anormalidad que, por su carácter estructural, se volvieron normales y, por lo tanto, en esa situación de normalidad extraña no cabe la conmoción interior.

SEMANA: Usted conoce la región y la forma en que operan los grupos armados por su experiencia como fiscal general y por haber estado en distintos gobiernos en diferentes posiciones. ¿Nicolás Maduro cumple algún papel en este conflicto?

N. H. M.: Lo escribí en mi columna de El Tiempo hace ocho días. Lo grave de la dictadura de Maduro es que va a profundizar los peligros para la seguridad nacional en Colombia. El Gobierno y la inteligencia han concluido que el paso del ELN de Arauca a Norte de Santander se dio por territorio venezolano, y eso únicamente pudo ser en medio de la complacencia de las autoridades de la dictadura. Eso es sumamente grave y hasta ahora el silencio del Gobierno, sin una reclamación diplomática, hace ver que hay connivencia o que hay responsabilidad.

SEMANA: ¿Qué tanto se ha probado el papel del régimen de Maduro en albergar, financiar y fortalecer al ELN?

N. H. M.: Eso es de vieja data. En una reunión bilateral de los presidentes Pastrana y Chávez, en su momento, en Guasdualito, el comandante de las fuerzas militares pidió que se llevaran documentos que mostraran que del lado venezolano había campamentos donde se asentaba la guerrilla para entrar al territorio colombiano a cometer sus fechorías, y adicionalmente, campos de entrenamiento, de lo cual llevó evidencia el propio presidente. Y la respuesta en su momento del régimen, en cabeza de Chávez, es que esos eran “inventos de la oligarquía bogotana”, esa fue la expresión que utilizó para no asumir ningún compromiso en la política de darle privilegio y estancia a las guerrillas en territorio venezolano.

A finales del de los años 2017, 2018 y 2019, era evidente que la acción de las guerrillas, hacia el Arauca y hacia la zona del Catatumbo, se hacía desde el territorio venezolano. Y hubo mucha comprobación de ello. Inclusive en los conflictos que existían desde entonces, entre los propios grupos guerrilleros, había operaciones de asalto a territorio venezolano para hacer el cobro de cuentas entre la guerrilla, que siempre eran por temas de narcotráfico.

SEMANA: Hay una tesis sobre lo que está sucediendo en el Catatumbo que dice que lo que está en juego es un tema geopolítico, de un creciente temor de Nicolás Maduro, de una invasión militar por la frontera. ¿Usted cree que esa tesis tiene asidero?

N. H. M.: Resulta muy preocupante el reconocimiento que ha hecho el Gobierno venezolano de la presencia en la zona de Diosdado Cabello, lo que quiere decir que, de cualquier manera, la dictadura ha intervenido en esta circunstancia. Y eso no puede ser gratuito, no puede ser por estimular simplemente situaciones confrontacionales en territorio colombiano.

SEMANA: Volviendo al tema con el que comenzamos, ¿qué viene para estos decretos y cuánto tiempo se puede tardar los análisis a los que van a ser sometidos?

N. H. M.: Se inicia el control político y el control judicial. El control político, para lo cual hay que citar al Congreso de la República, para que se hagan debates sobre la pertinencia y la conveniencia de la conmoción. Y el control judicial, que es oficioso de parte de la Corte Constitucional. El Gobierno debe mandar decretos al juzgamiento de la Corte Constitucional y es imperioso para la Corte darle un trámite célere al conocimiento de estos decretos. Inclusive, se modifican los términos para el trámite de las otras acciones que lleva a cabo la Corte Constitucional.

En cuestión de dos meses el país podría conocer si se ha obrado de acuerdo con la carta política. Pero, francamente, tratar de manejar un problema de orden público y de profundos desafíos humanitarios a punta de papeles expedidos en un escritorio de Bogotá es, de alguna manera, irresponsable.