Para “frenar la tortura”, ONU solicita al régimen talibán proteger los derechos de afganos detenidos en centros de reclusión

El poder que sostienen los talibanes sobre todo el territorio de Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses en agosto de 2021, ha puesto a la sociedad nacional en una represión constante por parte de las figuras fundamentalistas islámicas a tal punto de privar del libre movimiento a las mujeres y a detener a varios ciudadanos que no acaten el código de conducta establecido por los radicales.

La comunidad internacional siguió de cerca por un tiempo el comportamiento que los talibanes practicaban en la población civil. No obstante, tras más de 2 años de esta situación, varias naciones han dejado de lado este tema para concentrarse en problemáticas como el conflicto entre Rusia y Ucrania y la ola migratoria que se agudiza cada vez más en Europa.

Sin embargo, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (Unama) ha realizado una petición prioritaria durante este miércoles al régimen talibán, en donde se les solicita “frenar la tortura” hacia los detenidos y proteger los derechos humanos de los mismos.

Con base en un informe publicado por la Unama, el organismo señala que ha documentado más de 1.600 casos en donde se han vulnerado los Derechos Humanos de ciudadanos afganos por parte de los talibanes durante el arresto y posterior detención, los cuales se han evidenciado en 24 de las 34 provincias nacionales.

Asimismo, la Unama declaró que, “en el intento de obtener confesiones u otro tipo de información, se ha sometido a los detenidos a graves dolores y sufrimientos mediante palizas físicas, descargas eléctricas, asfixia, posturas de tensión e ingestión forzada de agua, así como la colocación de vendas en los ojos y amenazas”, aseverando: “las violaciones de las garantías procesales, incluida la negativa a acceder a abogados, son la norma”.

Una nación regida por el fundamentalismo religioso

La Misión Especial de la ONU dictaminó que casi la mitad de las violaciones a derechos humanos son “crueles, inhumanos o degradantes” y se han dado durante la detención y custodia dentro de los centros de reclusión que hacen parte del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Inteligencia.

De igual manera, el informe enfatiza en que estos actos se han producido a pesar de una publicación hacia las directivas nacionales en donde se informaba sobre las mejoras que se debían efectuar para proteger los derechos humanos de los detenidos y para regular el comportamiento del personal de seguridad en los reclusorios. No obstante, con el código de conducta divulgado en enero de 2022 por el líder fundamentalista Hebatulá Ajundzada, se concluyó que “no se han seguido suficientemente (las recomendaciones) a nivel operativo”.

Por otro lado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha precisado: “Los relatos personales de palizas, descargas eléctricas, tortura con agua y otras numerosas formas de trato cruel y degradante, junto con las amenazas proferidas contra las personas y sus familias, son desgarradores. La tortura está prohibida en cualquier circunstancia”, según relató COPE.

Continuando su discurso, Turk manifestó: “Este informe sugiere que la tortura también se utiliza como herramienta, en lugar de investigaciones efectivas. Insto a todas las autoridades implicadas a que pongan en marcha medidas concretas para poner fin a estos abusos y exigir responsabilidades a los autores”.

Por último, el alto comisionado expresó que la tortura, “unida a la violación sistemática de las garantías procesales durante la detención, debe ser abordada exhaustivamente” por el régimen talibán, exhortando a los radicales islámicos a “tomar medidas para establecer un marco de asistencia más sólido”.

La sociedad afgana se enfrenta a una crisis social, de género y sanitaria sin precedente al ser una de las naciones que cuenta con un muy bajo Índice de Desarrollo Humano, además de afrontar el incremento de la producción de metanfetaminas y la radicalización de la interpretación de las leyes islámicas por parte de los talibanes.