Parlamento británico aprueba controvertida ley migratoria del Gobierno para acelerar las deportaciones

El Parlamento de Reino Unido aprobó la controvertida ley migratoria impulsada por el Gobierno para acelerar las deportaciones de aquellos que traten de entrar de forma irregular en el país.

Después de que la Cámara los Comunes haya rechazado una serie de enmiendas que buscaban rebajar la dureza de la nueva legislación, los conservadores lograron finalmente el visto bueno de la Cámara de los Lores, por lo que la medida pasa ahora a menos del rey Carlos III para su ratificación.

La normativa, piedra angular de la política del primer ministro, Rishi Sunak, busca detener la llegada de migrantes en botes a través del canal de la Mancha y se ha topado con numerosas críticas por parte de abogados y grupos de defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, es especialmente popular entre los ‘tories’ más conservadores, según informaciones de la cadena de televisión BBC.

Esta legislación permitirá a Reino Unido acometer expulsiones antes de resolver una petición de asilo o deportar a migrantes a terceros países, como Ruanda. Aunque los lores han tratado de sacar adelante algunas medidas para proteger a la comunidad LGTBI y establecer rutas seguras para solicitantes de asilo, estas medidas finalmente no han sido introducidas en el texto.

La ley fue enviada de vuelta a la Cámara de los Lores el lunes a última hora después de que estas enmiendas fueran vetadas por los diputados de la Cámara de los Comunes. El mes pasado, un tribunal de apelaciones declaró ilegal el plan del Gobierno de deportar a Ruanda a migrantes por considerar que para llevar a cabo esta iniciativa sería antes necesario cambiar el sistema de asilo británico.

Además, la Justicia británica considera que el país africano no es un “tercer país seguro” al que trasladar a estos migrantes, algo que Sunak ha seguido defendiendo en reiteradas ocasiones. Por ello, prevé llevar el caso ante el Tribunal Supremo.

Un récord de 45.756 inmigrantes llegó a Reino Unido a través del canal el año pasado, más del 60 % respecto al año anterior. Desde mayo, alrededor del 42 % de los que llegan en botes pequeños provienen de Albania, que Reino Unido considera un país seguro, según cifras del Ministerio del Interior.

Justicia británica declara “ilegal” expulsar a solicitantes de asilo a Ruanda

A finales de junio, la justicia británica declaró “ilegal” enviar a Ruanda, nación africana a 6.500 km de Londres, a solicitantes de asilo llegados irregularmente al Reino Unido, asestando un golpe a este controvertido proyecto del gobierno, quien anunció que apelará al Tribunal Supremo.

Tres magistrados del Tribunal de Apelación de Londres revocaron un fallo precedente por considerar que Ruanda no puede ser considerado “un país seguro”.

Según dos de ellos, las deficiencias del sistema de asilo ruandés implican un “riesgo real” de que los refugiados sean devueltos a su país de origen y sufran persecución o tratos inhumanos.

“A menos que se corrijan las deficiencias de sus procedimientos de asilo y hasta que no se corrijan, la expulsión de solicitantes de asilo a Ruanda será ilegal”, afirmaron.

Los magistrados precisaron “que su decisión no implica opinión alguna sobre los méritos políticos o de otro tipo de esta política”, considerando que “esa es una cuestión que compete exclusivamente al gobierno”.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció poco después que pedirá “permiso para recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo” por considerar que “el gobierno ruandés proporcionó las garantías necesarias”.

También Ruanda dijo “discrepar” con la sentencia y aseguró que “sigue plenamente comprometida” con el plan.

Represión

La ONG Human Rights Watch pidió a la ministra del Interior, la ultraconservadora Suella Braverman, que “abandone este sueño febril impracticable y contrario a la ética”.

Pero esta se declaró “determinada a lograrlo”. “No retrocederé”, afirmó.

El controvertido proyecto, anunciado en 2022 por el entonces primer ministro Boris Johnson, fue inicialmente bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obligando a abortar el despegue del primer avión en junio del año pasado.

Desde entonces ha estado enzarzado en recursos judiciales en el Reino Unido, por lo que nadie fue deportado.

La Alta Corte de Londres lo declaró legal en diciembre, pero el Tribunal de Apelación admitió a trámite este recurso presentado por diez solicitantes de asilo --procedentes de Siria, Irak, Irán, Vietnam, Sudán y Albania-- y la oenegé de ayuda a los refugiados Asylum Aid.

Defensores de los derechos humanos acusan a Ruanda -país gobernado con mano de hierro desde 2000 por el presidente Paul Kagame tras el fin del genocidio en el que murieron unas 800.000 personas- de reprimir la libertad de expresión y la oposición.

*Con información de Europa Press y AFP.