¿Qué hay detrás de la investigación de la fiscalía en contra de la presidenta Boluarte?

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está siendo interrogada por la fiscalía este martes por la represión de las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, y que dejan decenas de muertos en tres meses.

La mandataria de 60 años llegó antes de las 9:00 am hora local en una camioneta fuertemente escoltada, según imágenes televisadas.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien investiga las muertes de manifestantes en choques con la fuerza pública, es la encargada de tomar declaración a Boluarte.

Ella tiene “toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto”, dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio.

La fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

El jefe de gabinete, Alberto Otárola, el exministro del Interior Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de gabinete Pedro Angulo, también están implicados en el proceso.

Boluarte puede ser investigada, pero no llamada a juicio mientras ejerza su mandato hasta 2026 por el fuero presidencial que le otorga la Constitución.

Este martes la dirigente de izquierda cumple tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta a Castillo, quien fue detenido tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre luego de un fallido golpe de Estado.

Maestro rural de 53 años y líder gremial, Castillo cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.

Su caída tras 17 meses en el poder desató violentas protestas que dejan 54 personas fallecidas, incluidos seis soldados que murieron ahogados en un río el fin de semana cuando intentaban huir de manifestantes que los atacaron con piedras en la región de Puno, epicentro de las protestas.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se han registrado 1.300 heridos, casi la mitad de ellos uniformados.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones a 2023.

Militares murieron ahogados en el río mientras huían de manifestantes

Seis militares murieron ahogados en un río cuando intentaban escapar de manifestantes que los atacaron con piedras en la región peruana de Puno, epicentro de las protestas contra el gobierno que sustituyó en diciembre al encarcelado exmandatario Pedro Castillo.

El Ministerio de Defensa reportó este lunes el hallazgo de los seis miembros de la patrulla que desapareció el domingo en las caudalosas y heladas aguas del río Ilave, afluente del lago Titicaca (3.800 metros de altitud), en la frontera sur con Bolivia.

La noche del domingo, las autoridades habían rescatado a un primer soldado fallecido en el río. “Con la ubicación de los restos del cabo del Ejército, Carlos Quispe Montalico, concluyeron las labores de búsqueda y rescate iniciadas tras los lamentables hechos ocurridos en el río Ilave. ¡Honor y gloria a nuestro valeroso militar y sus cinco compañeros!”, indicó el ministerio de Defensa en Twitter.

El general Jhony León, jefe de la Región Militar Sur, dijo que sus hombres fueron agredidos por “la población” mientras cruzaban el río.

En un video de la cartera de Defensa, se ve a 15 militares sentados en círculo y arropados con mantas dando parte a un superior. “Cruzamos el río (...) porque no teníamos otra escapatoria para ningún lado. Eran entre 800 y 900 personas que nos rodearon y nos empezaron a tirar piedras (...) La gente nos decía corruptos y asesinos”, narró el soldado Vilca.

Según su versión, los militares trataron de hacer una cadena humana, pero fueron arrastrados por las aguas: “Ahí fue cuando la corriente nos llevó y allí empezaron a ahogarse algunos de la tropa”, añadió el militar.

En el marco de la crisis política que desencadenó la caída de Castillo el 7 de diciembre, han muerto 54 personas, incluidos los seis soldados en Puno, en medio de protestas y choques con la fuerza pública. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se han registrado 1.300 heridos, casi la mitad de ellos uniformados.

*Con información de AFP.