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Trump lanza nuevo revés a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos; podrían pasar años en prisión
La medida se aplicará a millones de inmigrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México en las últimas décadas.
El gobierno de Donald Trump ha declarado que los inmigrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos ya no son elegibles para una audiencia de fianza mientras esperan de deportación en la corte, por lo cual estos podrían estar detenidos en centros de reclusión en procesos que pueden alargarse hasta incluso dos años. Esto, según dieron a conocer medios internacionales como The Guardian y el Washington Post.
Los medios estadounidenses reportan que esto se dio a conocer a través de un memorando firmado el 8 de julio por Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde indicó a los oficiales que estos inmigrantes deberían ser detenidos “durante el proceso de deportación”, que puede durar meses o años.
Los abogados de inmigración afirman que la administración Trump está ampliando un estándar legal que suele emplearse para retener a los recién llegados a la frontera entre Estados Unidos y México, aun grupo mucho más amplio, que incluye a inmigrantes que han vivido en Estados Unidos durante décadas. Muchos tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses, afirman los abogados, y probablemente tengan los fundamentos legales para defenderse de la deportación.
La nueva disposición se basa en una sección de la ley migratoria estadounidense que establece que los inmigrantes no autorizados “serán detenidos” después de su arresto. Sin embargo, esta cláusula había sido históricamente aplicada a personas que ingresaron al país de forma reciente, no a residentes con varios años en territorio estadounidense.
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Los abogados que representan a asociaciones migrantes consideran que el cambio podría afectar incluso a quienes llegaron durante la administración del expresidente Joe Biden, ampliando significativamente la población afectada.
Lyons, quien supervisa cerca de 200 centros de detención en todo el país, reconoció en el memorando que la política probablemente será objeto de múltiples desafíos judiciales. Pese a ello, la directiva comenzará a implementarse en los próximos meses.
La decisión coincide con la reciente aprobación de un paquete presupuestal en el Congreso, el cual destinará 45 mil millones de dólares en los próximos cuatro años a la ampliación de la capacidad de detención migratoria. Según cifras oficiales, esto permitirá al ICE duplicar su capacidad diaria hasta alcanzar las 100.000 personas bajo custodia, una cifra sin precedentes en el sistema migratorio estadounidense.
Actualmente, la detención sin posibilidad de fianza ya se aplicaba para migrantes condenados por delitos graves como asesinato. No obstante, tras la aprobación del nuevo presupuesto, el Congreso, liderado por el Partido Republicano, amplió la lista de delitos que activan la detención obligatoria. Entre ellos, se incluyen los delitos relacionados con robo, una modificación introducida tras el caso de Laken Riley, una estudiante de Enfermería en Georgia asesinada a inicios de año.
El caso generó fuerte repercusión política debido a que el principal sospechoso es un ciudadano venezolano que había sido arrestado previamente por robo en una tienda, pero no fue retenido por ICE para su deportación. Legisladores republicanos aseguran que ese incidente fue un argumento central para endurecer las normas de detención a los inmigrantes ilegales que entran al país.
