MUNDO
Trump reactiva la polémica migratoria: Prometió 30.000 deportaciones a Guantánamo y solo ha enviado 500
El ambicioso plan migratorio de Trump enfrenta altos costos, baja ejecución y fuertes críticas por su legalidad y efectividad.
Donald Trump anunció a finales de enero de 2025 su controvertido plan para enviar a la base naval de Guantánamo Bay hasta 30.000 migrantes detenidos en suelo estadounidense.
La idea generó profundas críticas tanto por su logística como por su impacto económico y legal. Según fuentes oficiales, solo cerca de 500 personas han sido trasladadas hasta junio, un número muy inferior a lo prometido.
La mayoría de los migrantes enviados han permanecido pocos días en Guantánamo. Una delegación del Congreso informó que en marzo había 87 detenidos, y que esa cifra se ha mantenido relativamente constante. Los vuelos han sido realizados con aviones militares de carga y vuelos chárter, con un costo estimado de hasta 27.000 USD por hora de vuelo.
Los gastos operativos alarman incluso a legisladores conservadores. El senador Gary Peters, presente durante una visita, dijo que Estados Unidos ha gastado más de 40 millones de dólares en los primeros dos meses de operación sin contar transporte.
Lo más leído
De hecho, el costo diario de mantener a un solo migrante supera los 100.000 USD, frente a los 165 USD que cuesta una detención en territorio estadounidense.
El Gobierno justifica su estrategia como un “tránsito temporal” y una preparación para deportaciones a terceros países, con autoridad discrecional del Departamento de Seguridad Nacional.
Sin embargo, expertos legales interpretan que podría constituir una medida disuasoria destinada a inducir “autodeportación”.
Por su parte, Lee Gelernt, abogado de ACLU, señaló que “su único objetivo es asustar a los inmigrantes y crear este teatro”.
Históricamente, Guantánamo ha sido usada para detener migrantes interceptados en el mar durante los años noventa, pero nunca a personas aprehendidas en Estados Unidos ni con una operación de tal magnitud. De hecho, ahora se está utilizando una parte del centro originalmente destinado a sospechosos de terrorismo Camp 6 para alojar parte de los trasladados.
Además, el plan ha tropezado con importantes desafíos legales y logísticos: falta de claridad sobre qué agencia supervisa a los migrantes, ausencia de infraestructura adecuada, dudas sobre la jurisdicción legal y condiciones sanitarias apropiadas.
Grupos de derechos humanos y congresistas, entre ellos Rashida Tlaib, han exigido el cierre definitivo de estas operaciones.
En paralelo, la Corte Suprema levantó recientemente restricciones judiciales que limitaban las deportaciones hacia terceros países, reforzando las herramientas legales de la administración Trump para acelerar expulsiones. No obstante, permanece la incertidumbre de si esto resolverá la compleja logística de trasladar a miles de detenidos y gestionar costos millonarios.
A poco de la fecha prevista, solo se vislumbra un modesto adelanto del plan inicial. Con cuatrocientos noventa miembros enviados, gastos extraordinarios y múltiples cuestionamientos, la iniciativa de Trump parece más un instrumento de presión política que una solución migratoria eficaz.
Solo el tiempo dirá si logra escalar o queda en un ambicioso experimento fallido.
