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Trump revoca estatus humanitario y afectaría a más de 500 mil venezolanos, cubanos, haitianos, y nicaragüenses
La decisión pondría a cientos de miles de latinoamericanos en riesgo de una deportación masiva dentro de poco más de un mes.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dijo el viernes que revocará las protecciones legales para cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, exponiéndolos a una posible deportación en aproximadamente un mes, como parte de la campaña de Donald Trump contra la inmigración ilegal.
La orden se aplica a unas 532.000 personas de los cuatro países que llegaron a Estados Unidos desde octubre de 2022. Llegaron con patrocinadores financieros y recibieron permisos de dos años para vivir y trabajar en el país. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que perderán su estatus legal el 24 de abril, o 30 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal.
La nueva política afecta a las personas que ya se encuentran en EE. UU. y que se acogieron al programa de permiso humanitario. Esta medida surge tras una decisión anterior de la administración Trump de poner fin a lo que denominó el “abuso generalizado” del permiso humanitario, una herramienta legal que los presidentes han utilizado durante mucho tiempo para permitir que personas de países en guerra o con inestabilidad política ingresen y residan temporalmente en el país norteamericano.
Durante su campaña, el presidente Donald Trump prometió deportar a millones de personas que están ilegalmente en Estados Unidos y, como presidente, también ha estado poniendo fin a las vías legales para que los inmigrantes vengan a Estados Unidos y se queden.
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La cartera responsable de la medida dijo que las personas en libertad condicional sin una base legal para permanecer en los Estados Unidos “deben partir” antes de la fecha de finalización de su libertad condicional. “La libertad condicional es inherentemente temporal y por sí sola no es una base subyacente para obtener ningún estatus migratorio”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.
Antes de la nueva orden, los beneficiarios del programa podían permanecer en Estados Unidos hasta que expirara su libertad condicional, aunque la administración había detenido el procesamiento de sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones que les permitieran permanecer más tiempo.
La decisión de la administración ya ha sido impugnada ante los tribunales federales. Esto gracias a un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes demandó a la administración Trump por poner fin a la libertad condicional humanitaria y busca restablecer los programas para las cuatro nacionalidades.
Abogados y activistas alzaron la voz para denunciar la decisión del gobierno. La acción del viernes “causará un caos y una angustia innecesarios a familias y comunidades de todo el país”, declaró Karen Tumlin, fundadora y directora del Centro de Acción por la Justicia, una de las organizaciones que presentó la demanda a finales de febrero. La calificó de “imprudente, cruel y contraproducente”.
El gobierno de Biden permitió que hasta 30,000 personas mensuales de los cuatro países ingresaran a Estados Unidos durante dos años con derecho a trabajar. Convenció a México de aceptar la misma cantidad de personas de esos países porque Estados Unidos podía deportar a muy pocos, o a ninguno, a sus hogares.
Desde finales de 2022, más de medio millón de personas han llegado a Estados Unidos bajo esta política. Esta medida formaba parte de la estrategia de la administración Biden para incentivar el ingreso de personas a través de nuevas vías legales, al tiempo que se reprimía a quienes cruzaban la frontera ilegalmente.
Con información de AP.
