Venezuela acusa a EE. UU. de “retaliación y extorsión” tras inclusión de Petro en la lista Clinton

Tras la inclusión de Gustavo Petro, su esposa, su hijo y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado público rechazando la decisión y calificándola de “ilegal, ilegítima y de carácter neocolonial”. Desde Caracas dijeron que la medida vulnera el derecho internacional y urgieron a los gobiernos de América Latina y el Caribe a defender la soberanía regional.

El comunicado de la República Bolivariana defendió, además, la gestión de Petro en la lucha contra economías ilícitas y atribuyó la designación a “intereses de mafias transnacionales” con influencia en centros de poder en Washington. El texto consideró que la medida responde más a objetivos políticos que a una auténtica estrategia antidrogas.

La inscripción en la lista de sancionados (SDN) implica el bloqueo de cualquier activo de personas señaladas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones con entidades sujetas a la ley de EE. UU. Esto limitaría opciones financieras internacionales y complicaría relaciones bancarias y comerciales con contrapartes que operen en dólares o estén bajo supervisión estadounidense.

Venezuela sostuvo que se trata de “prácticas coercitivas contrarias al derecho internacional” y calificó la medida como un acto de injerencia. En el comunicado se hizo énfasis en que Petro, según Caracas, habría sido el presidente colombiano que de forma más directa enfrentó redes de narcotráfico con vínculos en centros de poder en Estados Unidos, argumento que el gobierno venezolano usó para subrayar el carácter “retaliatorio y extorsivo” de las sanciones.

El propio presidente Petro rechazó las acusaciones y aseguró que no dará “ni un paso atrás” ante la medida. Informó que designó al abogado estadounidense Dani Kovalik para su defensa frente a las acciones anunciadas por el Departamento del Tesoro.

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente y también incluido en la lista, calificó su inclusión como “una persecución política y judicial sin precedentes” y anunció que acudiría a organismos internacionales para defender sus derechos.

Por su parte, el ministro Armando Benedetti afirmó que la lucha antidrogas de Estados Unidos es “una farsa armamentista” y respondió con un mensaje duro contra Washington.

La inclusión de altos funcionarios o jefes de Estado en listas de sancionados no es nueva a escala internacional. En años recientes, líderes como Nicolas Maduro han sido incluidos en listados de Estados Unidos por razones políticas y por supuestas violaciones al orden constitucional.