Venezuela amenaza a promotores de Misión de la ONU que denunció crímenes de lesa humanidad

Venezuela rechazó este lunes las conclusiones de un informe de una Misión Internacional Independiente de la ONU que da cuenta de “crímenes de lesa humanidad” presuntamente cometidos por agentes del Estado contra opositores.

“Venezuela expresa su más categórico repudio a las acusaciones falsas y sin fundamento realizadas por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, en un nuevo panfleto presentado este 26 de septiembre de 2022 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas”, dice un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.

El informe de la misión, cuyo resumen fue presentado la semana pasada en Ginebra, denunció al Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la represión de disidentes “mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”.

La cancillería venezolana señaló que “este mecanismo, creado en el año 2019 a partir de una cuestionada resolución promovida por un reducido grupo gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos, es muestra patente del doble rasero, la selectividad y el “uso politizado de los derechos humanos como herramienta para socavar la soberanía” de algunos países.

“Venezuela reitera su absoluto desconocimiento a este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas que, a través de sus pronunciamientos, aúpa y alienta a los sectores más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y la desestabilización del país”, añadió el texto.

Venezuela, en tanto, consideró que este “nuevo pseudo informe sin el más mínimo sustento metodológico” busca “seguir atacando a las instituciones venezolanas, como parte de la estrategia criminal de “cambio de régimen” que se impulsa desde Estados Unidos con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo”.

“La República Bolivariana de Venezuela es un Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, que asume la promoción, respeto y protección de los derechos humanos como un valor superior de su ordenamiento jurídico y de la actuación de sus instituciones, en plena consonancia con sus compromisos internacionales en esta materia”, según el comunicado.

Agregó que, “asimismo, alerta a los promotores de esta iniciativa que tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes, en el ámbito bilateral y multilateral, frente a cualquier intento por seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión contra las legítimas instituciones venezolanas”.

Finalmente, señaló que “Venezuela ratifica que continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, siempre sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, respeto al multilateralismo y diálogo constructivo”.

El informe

La misión, que ya presentó dos informes, en 2020 y en 2021, haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el Sebin y la DGCIM, “continúan hasta hoy”.

Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia.

Las conclusiones se fundamentan en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.

De acuerdo con el más reciente informe, los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del Gobierno para reprimir a la oposición.

“Este plan fue orquestado al más alto nivel político, liderado por el presidente Nicolás Maduro (...)”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Señaló que “nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”.

Las conclusiones del informe muestran el papel del Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos atropellos “en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señaló la misión en un comunicado.

La misión documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por agentes de la DGCIM desde 2014 hasta la actualidad.

Entre los métodos de tortura figuran “palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica, como la ‘tortura blanca’”, detalla el texto.

Estos hechos tenían lugar en su sede en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.

Órdenes de Maduro

Según el análisis de la misión y la información recibida, las autoridades detuvieron a disidentes y opositores al Gobierno. En algunos casos, Maduro y personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel, “participaron en la selección de los objetivos”.

El informe también cita a Diosdado Cabello, un poderoso dirigente chavista, como autor de órdenes para identificar a algunos de los detenidos por el Sebin.

Los servicios de inteligencia “han torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos, políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención ‘El Helicoide’”, en la capital venezolana.

Exdetenidos en este centro explicaron a la misión de la ONU las pésimas condiciones en las que se encontraban y que muchos presos “tenían que orinar en botellas de plástico”, porque solo se les permitía una visita diaria al baño. Había celdas “privilegiadas” con mejores condiciones para las que los detenidos tenían que pagar.

La misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014.

“Tanto el Sebin como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”, añadió.

Con información de AFP