Alerta en California: conductores podrían perder su vehículo por estas infracciones

La Ley AB 3085 de California, aprobada en septiembre de 2024, establece modificaciones importantes en las normativas sobre la incautación de vehículos. Esta nueva legislación amplía las situaciones en las que las autoridades pueden confiscar y retener automóviles, con un enfoque particular en casos vinculados a comportamientos peligrosos al conducir.

Ley AB 3085: ¿en qué casos se puede incautar un vehículo en California?

La Ley AB 3085 introduce cambios en el Código de Vehículos de California, agregando nuevos delitos que pueden justificar la incautación de un automóvil. De acuerdo con la normativa, un magistrado tiene la facultad de emitir una orden que permita a un oficial de policía retirar un vehículo si existe “causa razonable” para sospechar que fue utilizado en la comisión de determinadas infracciones.

Entre las infracciones mencionadas se encuentran:

• Huir de la policía: Si un conductor intenta evadir a un oficial en persecución, ya sea acelerando, cambiando de dirección o ignorando señales de alto, su vehículo puede ser confiscado. Esta medida se aplica incluso si la fuga no provoca un accidente.
• Competencias de velocidad: Tomar parte en carreras ilegales en calles o estacionamientos, conocidas como “speed contests”, es otra razón que justifica la incautación del vehículo. Además de ser una actividad ilícita, estas competencias representan un peligro significativo para la seguridad pública.
• Exhibiciones de velocidad: Ejecutar maniobras arriesgadas o demostraciones de velocidad en la vía pública, como aceleraciones repentinas o derrapes, también puede resultar en la incautación del vehículo.
• Conducción temeraria: Aunque la ley no detalla todos los casos, permite la incautación del vehículo cuando este es utilizado en infracciones graves de tránsito que pongan en peligro la seguridad de otros conductores o peatones.

¿Cómo funciona el proceso de incautación de vehículos en California?

Cuando un oficial de policía presenta una declaración jurada ante un magistrado, este puede autorizar la incautación del vehículo. El automóvil puede ser retenido por un período de hasta 30 días, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Sin embargo, la ley establece ciertas salvaguardias para proteger a los propietarios legítimos:

• Notificación al dueño: La agencia responsable de la incautación debe informar al propietario legal del vehículo dentro de las 48 horas posteriores a la retención. Si no se cumple este plazo, no se podrán aplicar tarifas de almacenamiento por un período superior a 15 días.
• Audiencia post retención: Los propietarios pueden solicitar una audiencia para impugnar la incautación de su vehículo. Esta debe llevarse a cabo dentro de los dos días hábiles siguientes a la solicitud. Si se determina que no existe causa razonable para la retención, el automóvil debe ser liberado sin costo.
• Excepciones: El vehículo puede ser liberado antes del plazo máximo si se prueba que fue robado, si el conductor responsable de la infracción no era el propietario registrado o si la retención causa un “perjuicio indebido” a personas que dependen del automóvil para su trabajo.

Responsabilidades y costos para los propietarios que incumplan con la ley

La ley dispone que el propietario registrado del vehículo debe asumir los gastos de remolque y almacenamiento, salvo que se pruebe que la incautación fue injustificada. Estos costos pueden incluir:

Tarifas de remolque: Dependen de la distancia recorrida y de la empresa encargada del servicio.

Almacenamiento: Se cobra una tarifa diaria, con un límite máximo de 30 días.

Cargos administrativos: Las agencias pueden aplicar costos adicionales por el procesamiento de la incautación.