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Asesinó a un policía y lo ejecutaron esta semana: así fue su última noche
La ejecución de Thomas H. Stinnett reabre el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, tras casi 25 años de espera y apenas la segunda aplicación de la inyección letal en Indiana, en más de una década.

La madrugada del 20 de mayo de 2025, el estado de Indiana llevó a cabo la ejecución de Thomas H. Stinnett, de 45 años, mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Michigan City. Stinnett fue condenado por el asesinato del oficial de policía William Toney en el año 2000, durante una persecución tras el robo de una camioneta. Esta ejecución marca la segunda en Indiana en los últimos 15 años, destacando la infrecuente aplicación de la pena capital en el estado.
El crimen ocurrió cuando Stinnett, entonces en libertad condicional por un delito de robo, disparó fatalmente al oficial Toney, quien estaba cubriendo el turno de un colega. Toney falleció pocas horas antes de cumplir 32 años. Stinnett fue arrestado horas después en una casa cercana, tras una búsqueda que involucró a más de 100 agentes de diversas agencias.

Durante más de dos décadas, Stinnett permaneció en el corredor de la muerte, mientras su equipo legal presentaba múltiples apelaciones. Sus abogados argumentaron que padecía daño cerebral causado por el síndrome alcohólico fetal y exposición al plomo durante la infancia, condiciones que, según ellos, deberían haberlo excluido de la pena capital.
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Sin embargo, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Indiana rechazó por unanimidad su solicitud de clemencia, y el gobernador Mike Braun autorizó la ejecución.
La ejecución de Stinnett ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en Indiana, especialmente en casos que involucran a personas con discapacidades del desarrollo. La Corte Suprema de Indiana, en una decisión dividida, negó una apelación final que alegaba representación legal ineficaz durante el juicio original. La jueza Loretta Rush disintió, expresando preocupación por la necesidad de garantizar una defensa adecuada antes de proceder con la ejecución.
Esta ejecución ocurre en un contexto nacional donde la aplicación de la pena de muerte muestra signos de resurgimiento. Hasta mediados de mayo de 2025, se han llevado a cabo 18 ejecuciones en Estados Unidos, con otras 10 programadas en siete estados antes de fin de año.
Indiana, que había suspendido las ejecuciones desde 2009 debido a la escasez de drogas letales, reanudó la práctica en diciembre de 2024 con la ejecución de Joseph Corcoran.

La ejecución de Stinnett también ha generado controversia en torno al acceso de los medios de comunicación a estos eventos. Recientemente, varias organizaciones periodísticas, incluida Associated Press, presentaron una demanda federal contra una ley de Indiana que prohíbe a los reporteros presenciar ejecuciones, argumentando que viola la Primera Enmienda al negar al público una rendición de cuentas transparente sobre las acciones gubernamentales.
La viuda del oficial Toney expresó que la ejecución ofrece un sentido de cierre tras casi 25 años de espera. Por otro lado, defensores de los derechos humanos y opositores a la pena de muerte critican la decisión, señalando preocupaciones sobre la equidad del proceso judicial y la ejecución de personas con discapacidades cognitivas.
Con siete hombres aún en el corredor de la muerte en Indiana y propuestas legislativas para abolir la pena capital en discusión, el futuro de la pena de muerte en el estado permanece incierto.