Cinco proyectos de ley que podrían transformar el futuro migratorio en Estados Unidos

El debate migratorio en Estados Unidos alcanzó un punto crítico en 2025 con la presentación de cinco proyectos de ley que podrían cambiar profundamente las reglas del juego.

Mientras algunos buscan endurecer las sanciones y acelerar deportaciones, otros abren caminos hacia la legalización y la dignidad para quienes ya viven en el país sin papeles.

¿Qué buscan los nuevos proyectos migratorios?

La batalla legislativa en el Congreso de los Estados Unidos entra en una fase decisiva para millones de migrantes.

En el 2025, se han presentado al menos cinco iniciativas que podrían rediseñar radicalmente el sistema migratorio. El debate político se abre en dos direcciones diametralmente opuestas: un freno severo contra el ingreso irregular y, al mismo tiempo, propuestas que buscan ofrecer una segunda oportunidad a quienes ya viven en el país.

El primer proyecto relevante es el State Immigration Enforcement Act (H.R. 218), introducido en enero de 2025. Esta iniciativa propone otorgar a los estados y ciudades autoridad para promulgar y aplicar sanciones por violaciones a la ley federal de inmigración.

Hasta ahora, esa competencia estaba limitada al ámbito federal, pero el proyecto pretende modificar la Immigration and Nationality Act (INA) para permitir que cada jurisdicción aplique sanciones civiles o penales, siempre que no excedan las federales, como lo registra La Nación.

De aprobarse, migrantes podrían enfrentarse a normas distintas según el estado donde residan, lo cual introduce una variable de inseguridad jurídica.

Paralelamente, el Ending Catch and Release Act of 2025 (H.R. 57) apunta a eliminar la liberación de solicitantes de asilo mientras aguardan resolución. Presentado en enero, plantea detención obligatoria o retorno inmediato para quienes ingresen sin autorización, eleva el estándar de “miedo creíble” y establece un plazo máximo de 72 horas para deportar a quienes no acrediten temor de persecución.

Para los solicitantes de asilo, esto supone un cambio drástico de escenario, pues la posibilidad de permanecer libres durante el trámite se reduce casi por completo.

Por su parte, el Stop Illegal Entry Act of 2025 (H.R. 3486), ya aprobado en la Cámara de Representantes en septiembre de 2025, se presenta como una de las medidas más severas en materia de entrada ilegal.

Este proyecto eleva las penas máximas por ingreso irregular de dos a cinco años de prisión, establece mínimos obligatorios de cinco años para reincidentes, e incluso plantea hasta cadena perpetua en casos de múltiples remociones previas.

La medida refuerza la criminalización del reingreso tras deportación como delito federal agravado, lo que para los migrantes significa un riesgo legal mucho mayor ante cualquier violación migratoria.

Frente a las iniciativas estrictas aparece el DIGNITY Act (H.R. 4393), una propuesta bipartidista que combina control fronterizo con regularización y oportunidades de ciudadanía.

Presentada en julio de 2025 por las congresistas María Elvira Salazar (republicana) y Verónica Escobar (demócrata), busca reformar el sistema migratorio en tres ejes: seguridad fronteriza, dignidad para los inmigrantes y prosperidad.

Finalmente, el No Anonymity in Immigration Enforcement Act (H.R. 4004), presentada en junio de 2025, busca garantizar más transparencia en las operaciones de la Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Según lo que registra el medio La Nación, el texto prohíbe que los agentes usen máscaras, cascos u otros elementos que oculten su rostro durante los operativos, salvo excepciones extremas, e impone que porten uniformes donde su nombre y afiliación estén claramente visibles.

El rumbo que tomen estos proyectos de ley marcará mucho más que un cambio administrativo: definirá la política migratoria del país en la próxima década.