Con visa y hasta Green Card: así es el proceso de deportación en EE. UU. para residentes y visitantes

El gobierno de Donald Trump aumentó los operativos, enfocándose no solo en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, sino también en aquellos con estatus migratorio regular. Aunque la expulsión de residentes permanentes y titulares de visas requiere un proceso legal, estas personas pueden ser detenidas y eventualmente deportadas si cumplen con los criterios estipulados en la normativa vigente.

¿Causales de deportación para residentes permanentes legales?

Las normativas migratorias contempladas en el Título 8 del Código de Estados Unidos determinan diversas razones por las cuales un residente permanente, poseedor de una tarjeta verde, puede ser deportado.

Entre estas razones se incluyen:

• Condenas por delitos graves como homicidio, agresión sexual y narcotráfico.
• Fraude migratorio o uso de documentos falsificados para acceder a beneficios migratorios.
• Pérdida del estatus de residente condicional por no cumplir con los requisitos exigidos.
• Participación en actividades que representan una amenaza para la seguridad nacional.
• Vinculación con grupos que el gobierno de EE.UU. UU. clasificar como terroristas o extremistas.

En situaciones de este tipo, el gobierno tiene la obligación de presentar pruebas claras y convincentes que demuestren la deportabilidad del individuo. La resolución definitiva queda en manos de un juez de inmigración.

¿Cuál es el procedimiento legal para la deportación?

Según un artículo de PolitiFact, cuando un residente permanente o titular de visa recibe una orden de expulsión, el gobierno le envía una Notificación de Comparación (NTA, por sus siglas en inglés). Este documento detalla los motivos por los cuales se le considera sujeto a deportación.

El procedimiento consta de varias fases:

• Audiencia preliminar: se notifica al inmigrante sobre los cargos presentados en su contra.
• Audiencia de mérito: ambas partes exponen pruebas y argumentos ante el tribunal.
• Decisión judicial: un juez de inmigración decide si la persona será deportada o podrá permanecer en EE. UU.
• Apelación: si el fallo es desfavorable, el afectado tiene la opción de recurrir a instancias judiciales superiores.

No obstante, el procedimiento es diferente para los titulares de visas en aeropuertos y fronteras. En estos casos, los agentes de aduanas tienen la facultad de negar la entrada sin estar obligados a presentar pruebas ante un tribunal.

Críticas de organizaciones de derechos civiles

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunciaron que el gobierno de Trump amplió el uso de leyes migratorias de manera discrecional para expulsar a personas sin antecedentes penales graves. También afirmaron que algunos arrestos y deportaciones vulneraron la Primera Enmienda, al estar dirigidos contra individuos por sus posturas políticas o participación en manifestaciones.

El profesor de derecho migratorio Matthew Boaz, de la Universidad de Kentucky, señaló en una entrevista con PolitiFact que las autoridades migratorias aplicaron una interpretación más amplia de la ley para “agilizar deportaciones sin garantizar el debido proceso”.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el gobierno de Trump justificaron estas medidas, argumentando que responden a los intereses de seguridad nacional y al cumplimiento riguroso de la legislación vigente.

El proceso de deportación para residentes permanentes y titulares de visas en EE.UU. es complicado y puede prolongarse durante meses o incluso años. Aunque existen vías legales de defensa, la política migratoria implementada bajo la administración Trump aumentó la cantidad de detenciones y expulsiones, incluso de personas con estatus migratorio regular.