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Conductores de Uber y Lyft enfrentan nuevas condiciones en Florida: entran en vigencia el 1 de julio de 2025
Los nuevos requisitos buscan disminuir los casos de inseguridad a los que se ven expuestos los usuarios de estas plataformas.
Las plataformas de viajes compartidos llegaron para quedarse en diferentes ciudades, como una solución para quienes desean transportarse de una forma fácil, rápida y personalizada.
En ciudades como Miami, Orlando y Tampa han ganado gran popularidad, aunque la ocurrencia de casos de inseguridad que afectan a conductores y usuarios han hecho que se tomen medida legales más rigurosas.
¿Por qué tomar medidas de seguridad más estrictas?
En los últimos años, la preocupación de las autoridades por la seguridad de quienes utilizan este tipo de plataformas ha aumentado.
La suplantación de identidad de quienes se hacen pasar por choferes se presenta con bastante frecuencia y, aunque internamente las compañías han implementado sus propias medidas, la situación de inseguridad no ha podido ser controlada.
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La razón de estos incidentes se debía, en buena medida, a que la legislación estatal no establecía sanciones específicas para este tipo de delitos.
De esta forma, los usuarios quedaban más expuestos a posibles fraudes y amenazas por parte de los delincuentes que suplantaban a los conductores de este tipo de servicio.
Para dar una oportuna solución a esta situación, el gobernador Ron DeSantis firmó una nueva ley que modifica las reglas para quienes trabajan en redes de transporte como Uber y Lyft.
¿En qué consiste la nueva ley que afecta a las plataformas de transporte?
La nueva ley, que entrará en vigencia el próximo 1 de julio, es la HB-1525, titulada Servicios de transporte preestablecidos.
A través de esta, se imponen nuevas condiciones para quienes manejan en este tipo de plataformas de viajes, lo que quiere decir que afecta directamente a Uber, Lyft y otras compañías similares que operan en Florida.
Esta nueva ley penalizará a quienes suplanten la identidad de un conductor registrado. Esto será considerado un delito menor de segundo grado.
Pero esta falta se puede elevar a un delito de tercer grado, si la usurpación se utiliza como medio para realizar otro tipo de delito.
Además, la ley prohíbe clasificarlos como si fueran parte del sistema de transporte público, ni siquiera de forma indirecta.
Por otra parte, la ley le da a la Comisión para Desfavorecidos en el Transporte la posibilidad de usar fondos públicos para contratar a proveedores alternativos para ciertas áreas.
Lo anterior se aplicaría para empresas o entidades que puedan brindar transporte a personas que estén bajo ciertas condiciones particulares, como con necesidades especiales, discapacidad o limitaciones económicas.
Esta norma legislativa también establece que los proveedores de estas plataformas deben garantizar el acceso a materiales de capacitación para los conductores, con el fin de mejorar los estándares de servicio.
En este sentido, la ley HB-1525 busca mejorar la seguridad de pasajeros y conductores, gracias a la implementación de controles más rigurosos, sobre todo a nivel de antecedentes de los conductores.
Con un panorama legal mucho más claro, las autoridades aseguran que se fortalecerá la confianza en este modelo de transporte compartido, al reducir los riesgos asociados a su uso.
A partir de julio de 2025, las reglas cambian para conductores y empresas, en un intento de devolverles a los usuarios la confianza en este tipo de viajes.
