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EE. UU. impondrá un arancel del 20.91% a tomates de México
La medida busca proteger a productores estadounidenses, pero podría encarecer el producto para los consumidores.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que, a partir del 14 de julio, la mayoría de los tomates importados desde México enfrentarán un arancel del 20.91%. Esta decisión se toma tras la retirada de un acuerdo previo firmado en 2019 durante la administración de Donald Trump, el cual tenía como propósito evitar una investigación antidumping y resolver disputas arancelarias.
Según las autoridades estadounidenses, el acuerdo no logró proteger adecuadamente a los productores nacionales. Con la imposición de estos aranceles, el gobierno estadounidense busca garantizar una competencia justa para sus agricultores.
La medida ha generado preocupación entre los productores mexicanos, quienes temen que el arancel afecte negativamente sus exportaciones y la economía agrícola del país. México es uno de los principales exportadores de tomates a Estados Unidos, y cualquier restricción comercial puede tener un impacto significativo en el sector.
Además, la imposición de dichas políticas podría llevar a un aumento en los precios de los tomates en el mercado estadounidense, afectando a los consumidores.
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Los productores estadounidenses, especialmente en Florida, han expresado su apoyo a la medida, argumentando que los tomates mexicanos se venden a precios extremadamente bajos, lo que perjudica a la industria nacional. Sin embargo, algunos expertos señalan que los tomates mexicanos y estadounidenses son diferentes en calidad y métodos de producción, por lo que la preferencia del consumidor también juega un papel importante.
La imposición de estas políticas podrían generar implicaciones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México, especialmente en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Pues las tensiones comerciales pueden afectar otros sectores y complicar las negociaciones en curso sobre diversos temas.
Expertos advierten que la medida podría ser revisada en un plazo de seis meses, cuando las autoridades evalúen el cumplimiento de sus disposiciones.
Ante esto, productores y autoridades mexicanas deberán afrontar una serie de desafíos. Entre ellos, la presión sobre la rentabilidad de los cultivos, ya que la carga adicional del 20.91% encarece el costo final y reduce los márgenes de ganancia.
El gobierno de México ha anunciado que evaluará medidas de apoyo, como subsidios temporales y financiamiento a tasas preferenciales, mientras explora la posibilidad de presentar una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para impugnar la legalidad de la imposición. Así mismo, asociaciones agrícolas analizan diversificar sus destinos de exportación, buscando nuevos mercados en Europa y Asia para mitigar el impacto en Estados Unidos.
Legisladores demócratas y republicanos mantienen posiciones encontradas. Unos defienden la protección de la agricultura local, mientras otros alertan sobre el riesgo de represalias y la escalada de barreras comerciales.
El sector hortofrutícola observará con atención el desarrollo de estas negociaciones, pues de ellas dependerá la estabilidad de un mercado que supera los mil millones de dólares anuales.
