El programa de perdón de préstamos estudiantiles en Estados Unidos en la cuerda floja; orden ejecutiva busca modificar los términos

Pese a que Donald Trump lleva muy poco tiempo como dirigente de Estados Unidos, sus políticas y las medidas que ha tomado han repercutido intensamente en varios sectores del país.

Su política de inmigración ha sido tajante, pero no es la única que ha causado polémica dentro de los habitantes de Estados Unidos. Ahora, una nueva orden ejecutiva, busca modificar los términos del programa de Perdón de Préstamos para el Servicio Público (PSLF), lo que dejaría desprotegidos a cientos de empleados públicos.

¿En qué consiste la medida y a quiénes afectaría?

El PSLF permite que empleados del gobierno y de organizaciones sin fines de lucro puedan obtener la cancelación total de sus créditos de estudio tras realizar 120 pagos mensuales consecutivos.

Sin embargo, las actuales medidas gubernamentales, buscan eliminar este beneficio al considerar que ciertas organizaciones y empleados de la elegibilidad para este beneficio, participan en actividades consideradas “ilegales” o “impropias” por la administración, de acuerdo a lo que se registra en el USA Today.

Pero la nueva orden ejecutiva indica que el Departamento de Educación debe redefinir qué organizaciones califican como “servicio público”.

Esto quiere decir que se deben excluir a aquellas que, según la administración, estén involucradas en actividades como la asistencia a la inmigración ilegal, el apoyo a grupos terroristas extranjeros o la provisión de cuidados de afirmación de género.

¿Restricciones a organizaciones sin ánimo de lucro?

De acuerdo con el medio Newsweek, el secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf, explicó que la orden busca evitar que fondos federales sean utilizados para respaldar actividades que la administración considera inapropiadas.

Es a sí como varias organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos de los inmigrantes, podrían quedar por fuera de este beneficio. Esta medida también afectaría a aquellas relacionadas con temas políticamente sensibles para el Estado.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, respaldó la medida afirmando que muchas de estas entidades “participan en actividades ilegales o impropias”.

Reacciones que ha generado esta medida

La decisión sobre el tema es prácticamente un hecho, lo cual ha causado varias reacciones al respecto.

Aaron Ament, presidente de la Red Nacional de Defensa Legal de Estudiantes, calificó la medida como una violación flagrante de la Primera Enmienda, argumentando que castigar a los trabajadores por las actividades de sus empleadores basadas en percepciones políticas es inconstitucional.

En una declaración recogida por USA Today, Ament advirtió que, si la administración sigue adelante con esta política, tendría que enfrentarse acciones legales en los tribunales.

Por su parte, Mike Pierce, director ejecutivo del Centro de Protección al Prestatario Estudiantil, acusó a Trump de utilizar la deuda estudiantil como una herramienta para controlar la libertad de expresión.

El programa PSLF ha sido fundamental para reducir la carga financiera de profesionales en sectores como la educación, la salud y el derecho, según datos citados por Forbes. La nueva orden ejecutiva podría impactar a una parte considerable de los 1,3 millones de prestatarios que actualmente buscan cumplir con los requisitos del programa.

En caso de que el Departamento de Educación sea eliminado y la transferencia de los programas de préstamos estudiantiles sea asignado a otra agencia, causa incertidumbre entre quienes quedarían afectados por esta medida.

Aunque Trump ha expresado su intención de desmantelar esta entidad, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, negó que exista un plan inmediato para hacerlo.