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¿Envía dinero a su familia en Latinoamérica? Un nuevo impuesto podría afectar sus remesas
Una propuesta republicana en el Congreso de EE. UU. busca gravar con un 5% los envíos de dinero al extranjero, lo que podría afectar a millones de familias en América Latina y desatar tensiones diplomáticas con países receptores de remesas.
Una propuesta legislativa impulsada por el Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos busca imponer un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas al extranjero por inmigrantes. Esta medida, que excluye a ciudadanos estadounidenses pero afecta a residentes permanentes, titulares de visas temporales e inmigrantes indocumentados, ha generado preocupación tanto en Estados Unidos como en América Latina.
El proyecto de ley establece que solo los contribuyentes con Número de Seguro Social (SSN) podrían deducir este impuesto, dejando fuera a quienes utilizan un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), común entre los inmigrantes que pagan impuestos pero no tienen estatus legal.
Además, se propone restringir el crédito fiscal por hijos a familias donde los padres tengan SSN, lo que podría afectar a 4,5 millones de niños ciudadanos estadounidenses.
La comunidad latina en Estados Unidos ha reaccionado con alarma. Un grupo de 24 congresistas hispanos demócratas envió una carta al líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, solicitando detener la propuesta. Argumentan que las remesas son una fuente vital de ayuda humanitaria y económica, especialmente para países como Haití, Honduras y El Salvador, donde constituyen hasta el 30% del PIB.
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México, el principal receptor de remesas desde Estados Unidos, también ha expresado su rechazo. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la propuesta como “inaceptable” e “inconstitucional”, señalando que los migrantes ya contribuyen al fisco estadounidense.
En 2024, México recibió más de 64.745 millones de dólares en remesas, superando ingresos por exportaciones agrícolas, turísticas y petroleras. Se estima que la medida podría representar una pérdida anual de al menos 3.250 millones de dólares para el país.
Expertos advierten que el impuesto podría incentivar el uso de canales informales y menos seguros para enviar dinero al extranjero, afectando la seguridad financiera de las familias receptoras. Además, podría disuadir a la comunidad inmigrante de cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que tendría repercusiones negativas tanto en Estados Unidos como en los países de origen de los migrantes.
El Congreso planea aprobar la reforma fiscal antes del 26 de mayo, esperando la firma del presidente Trump el 4 de julio. Sin embargo, la medida ha provocado divisiones incluso entre los republicanos, quienes controlan el Congreso, y ha generado tensiones diplomáticas con México.
La propuesta también contempla limitar beneficios fiscales relacionados con salarios de propinas, horas extra, Medicare y seguros del ACA, lo que podría afectar a trabajadores de sectores como la hostelería y la construcción, donde los inmigrantes representan una parte significativa de la fuerza laboral.
En este contexto, las remesas, que han sido un pilar económico para muchas familias en América Latina, enfrentan una amenaza significativa. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta propuesta, que podría tener consecuencias de largo alcance en la economía y las relaciones bilaterales entre EE. UU. y los países latinoamericanos.
