El Departamento de Salud y Servicios Humanos comenzó a enviar cartas de cobro a quienes firmaron como patrocinadores de inmigrantes, exigiendo el reembolso de costos de programas como Medicaid y advirtiendo sobre posibles acciones legales si no cumplen.
EE.UU. exige a patrocinadores de inmigrantes pagar beneficios públicos de sus apoyados
El Departamento de Salud y Servicios Humanos comenzó a enviar cartas de cobro a quienes firmaron como patrocinadores de inmigrantes, exigiendo el reembolso de costos de programas como Medicaid y advirtiendo sobre posibles acciones legales si no cumplen, tal y como se registra en La Nación.
El gobierno estadounidense, a través del subsecretario de Salud y Servicios Humanos Jim O’Neill, comenzó a enviar cartas formales de reembolso a quienes actuaron como patrocinadores de inmigrantes cuyos apoyados recibieron asistencia pública. Las cartas advierten que los patrocinadores deben pagar el costo de esos beneficios o enfrentar acciones legales.
De acuerdo a lo que explica la USCIS, esta obligación tiene su base en el Formulario I‑864, Declaración Jurada de Apoyo, firmado al momento de patrocinar a un familiar.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), este formulario constituye un contrato legal mediante el cual el patrocinador se compromete a garantizar el soporte económico del inmigrante y reembolsar al gobierno por los costos de ciertos beneficios públicos que éste reciba.
La responsabilidad financiera del patrocinador no es temporal. Se mantiene hasta que el inmigrante se convierta en ciudadano estadounidense, acumule 40 trimestres de trabajo, abandone su residencia legal o fallezca.
Esto significa que, si un inmigrante recibe servicios como Medicaid antes de cumplir estos requisitos, el patrocinador podría ser responsable de cubrir esos gastos.
Cartas de cobro y reclamos por beneficios públicos
La medida ha generado debate político y legal. Algunos legisladores la apoyan como un refuerzo de la responsabilidad económica de los patrocinadores.
Por ejemplo, el representante republicano de Alabama, Ben Robbins, promovió un proyecto de ley estatal para obligar a los patrocinadores a reembolsar gastos de beneficios públicos, aunque no llegó a aplicarse de forma definitiva.
Expertos en inmigración advierten que, aunque estas cartas federales son formales, no siempre son automáticamente ejecutables, y que los patrocinadores podrían enfrentar largos procesos judiciales.
Organizaciones de defensa de inmigrantes señalan que muchos patrocinadores no comprenden la magnitud de su compromiso financiero al firmar el I‑864, lo que puede generar deudas significativas si los inmigrantes reciben beneficios públicos antes de cumplir con los requisitos legales.
Por otra parte, no todos los beneficios generan esta obligación. Programas de emergencia o ciertos servicios no basados en ingresos no necesariamente implican reembolso por parte del patrocinador.
