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Este será el extraño país al que serán deportados inmigrantes detenidos en base militar de Djibouti
La Corte Suprema permite que el gobierno de Trump deporte a ocho inmigrantes convictos a Sudán del Sur, pese a advertencias sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló el pasado jueves 3 de julio una medida clave impulsada por la administración Trump. Permitió continuar con los trámites para deportar a ocho inmigrantes convictos hacia Sudán del Sur.
Estas personas, condenadas por delitos graves en Estados Unidos, no tenían conexión previa con ese país africano y, de hecho, solo uno de ellos es originario de Sudán del Sur.
La controversia estalló después de que estos reclusos quedaran retenidos desde mayo en la base naval estadounidense en Yibuti, alojados en contenedores adaptados, a la espera de que se definiera su destino.
La secuencia judicial se inició con una medida del juez federal Brian Murphy, quien en abril dictó que cualquier posibles deportación a “países terceros”, naciones distintas al país natal del inmigrante, debía incluir audiencia y evaluación de riesgo de tortura o persecución.
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En mayo, Murphy reforzó esa orden, aplicándola específicamente al grupo retenido en Yibuti. No obstante, el 23 de junio el Supremo suspendió esa orden general, dejando en entredicho la decisión de Murphy.
Al día siguiente, el juez sostuvo que su resolución dirigida a los ocho hombres seguía vigente. Frente a ello, el Departamento de Justicia solicitó una aclaración urgente al más alto tribunal, que finalmente falló a favor de la administración.
El Supremo determinó que la suspensión emitida el 23 de junio también invalidaba la orden de mayo, despejando el camino para las deportaciones.
En la opinión disidente, las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson denunciaron que se estaba entregando a la administración Trump una especie de “línea directa con el Supremo”, señalando que los deportados podrían enfrentar “tortura o muerte” si son entregados a las autoridades de Sudán del Sur.
Por su parte, la ministra Elena Kagan avaló la decisión mayoritaria alegando que no tiene sentido mantener órdenes judiciales que han sido suspendidas por el máximo tribunal.
La administración Trump ha defendido la decisión como un triunfo para “la seguridad y el estado de derecho”, y anunció que los deportados llegarían a Sudán del Sur antes del 4 de julio, día de la Independencia estadounidense. Además, aseguró haber recibido garantías diplomáticas de las autoridades sudanesas de que no serán sometidos a tortura, conforme a la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, expertos en derechos humanos y organizaciones legales sostienen que Sudán del Sur es una nación en conflicto, con altos índices de violencia y una situación humanitaria delicada, lo que aumenta el riesgo de abuso hacia estas personas deportadas.
El caso pone de manifiesto el uso creciente por parte del Supremo del “shadow docket”, resoluciones rápidas y sin audiencia pública, para respaldar medidas expresamente polémicas de la Casa Blanca.
Mientras los defensores de los inmigrantes buscan revertir la medida en tribunales inferiores, la Casa Blanca continúa aplicando una política agresiva de deportaciones a terceros países. Esta decisión abre una nueva etapa en el debate sobre los límites legales y éticos de las expulsiones internacionales.
