Estudiantes bajo vigilancia: universidades de Florida adoptan plan estatal con ICE

Varias universidades públicas del estado de Florida han comenzado a alinearse con el plan migratorio impulsado por el gobierno estatal, estableciendo acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La medida, enmarcada en el programa federal 287(g), autoriza a las agencias locales —en este caso los departamentos de policía universitaria— a realizar funciones de control migratorio bajo supervisión federal, lo que ha generado un amplio debate sobre las implicaciones legales y sociales de esta decisión en los entornos educativos.

Instituciones como la Universidad de Florida (UF), la Universidad del Sur de Florida (USF) y Florida Atlantic University (FAU) confirmaron su intención de unirse al programa a través de la modalidad conocida como task force, que permite a los oficiales capacitados por ICE interrogar a personas sobre su estatus migratorio, emitir órdenes de detención y cooperar directamente con las autoridades federales. Aunque aún no aparecen oficialmente en el listado de agencias adscritas al 287(g), estas universidades ya iniciaron los trámites y adaptaciones internas para formalizar su vinculación.

El gobernador Ron DeSantis, conocido por su línea dura en temas migratorios, ha promovido una serie de legislaciones que buscan reforzar la presencia del estado en la fiscalización migratoria. Estas acciones incluyen el mandato de que todas las agencias estatales cooperen con ICE, así como la firma de acuerdos con organismos como la Patrulla de Carreteras de Florida. Para el gobierno estatal, se trata de una estrategia para “mantener el orden y proteger la seguridad pública”, aunque para muchos sectores representa una amenaza a los derechos civiles y al libre acceso a la educación superior.

La decisión ha encendido las alarmas entre estudiantes, profesores y organizaciones de derechos humanos. Varios grupos estudiantiles han comenzado a organizar asambleas y protestas, señalando que esta medida podría tener un efecto intimidatorio sobre los alumnos indocumentados o pertenecientes a familias migrantes, reduciendo su participación en la vida académica.

Un caso reciente ha intensificado la controversia. Felipe Zapata Velásquez, estudiante colombiano residente en Florida, fue arrestado por conducir con una licencia suspendida y posteriormente entregado a ICE tras detectarse que su visa había sido anulada por no haberse matriculado. Su detención y deportación causaron una ola de indignación en la Universidad de Florida, donde compañeros y profesores realizaron manifestaciones en defensa del estudiante, argumentando que su situación no ameritaba una medida tan drástica.

Diversas organizaciones, como la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, han alertado sobre el impacto negativo de estas decisiones, advirtiendo que pueden socavar la confianza en las instituciones educativas como espacios seguros y abiertos para el aprendizaje.

Mientras tanto, sectores conservadores celebran la medida como un paso firme hacia la soberanía legal del estado y la defensa de las leyes migratorias. En este escenario polarizado, la universidad pública en Florida se convierte en el nuevo escenario de un viejo debate sobre seguridad, derechos y educación.