Letitia James es la fiscal general de Nueva York, está en este cargo desde 2019 y pertenece al Partido Demócrata. Durante su rol, se ha enfrentado judicialmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. James demandó por fraude civil a Donald Trump por los años en los que estuvo por fuera de La Casa Blanca y el presidente era Joe Biden.
Iniciando 2025, la administración Trump acusó a James de fraude hipotecario federal, lo que para muchos fue una retaliación tras la demanda inicial.
Desde su cuenta personal de X, James celebró la victoria que interpuso al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por recortar los fondos de FEMA “que protegen la seguridad nacional y los programas de respuesta a emergencias de los estados que se niegan a apoyar sus ataques contra los inmigrantes”.
We won our case against @DHSgov, restoring funding for lifesaving anti-terrorism and emergency response programs.⁰⁰This is a major victory for our law enforcement and local leaders who depend on these funds to keep New Yorkers safe. https://t.co/GdzpkI8xKR
— NY AG James (@NewYorkStateAG) December 23, 2025
Detalles de la demanda
La anunció la fiscal el 29 de septiembre de 2025 a través de su cuenta de X, en la que destacó la reducción de los recursos FEMA, que se encargan de administrar el DRF, el fondo principal que responde ante los desastres. Financia la ayuda inmediata, recuperación y mitigación de desastres anunciados.
La fiscal James anunció mediante un comunicado de prensa que Nueva York sufrió una reducción de 100 millones de dólares en la financiación de seguridad, que estaba apoyando la frontera con Canadá, ubicada al norte del estado.
La financiación que defendía la fiscal neoyorkina fue interpretada como una estrategia del gobierno federal en la que obligó a los “estados santuarios” a cumplir con las leyes de inmigración que propuso el presidente, Donald Trump.
El fallo emitido en Rhode Island por Mary S. McElroy fue justificado con la vinculación de las subvenciones de la administración Trump, para aplicar la ley migratoria. Destacó McElroy que esta acción no era permitida para el DHS y trajo a colación un caso previo en el que el departamento tuvo que reasignar los fondos a los estados.
No solamente implicaba Nueva York, también involucró a California, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
Los estados defendieron el uso de los fondos, notificando que estaban siendo utilizados para preparar emergencias, actividades terroristas y captación crucial de las fuerzas.
