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Gobierno de EE. UU. deberá regresar a un hombre deportado erróneamente a la prisión de El Salvador
Este caso ha suscitado un debate más amplio sobre las políticas de deportación y la necesidad de garantizar procedimientos justos y legales para todos los individuos.
Una jueza federal en Maryland ha ordenado al gobierno de Estados Unidos que facilite el retorno de Kilmar Abrego García, un residente legal que fue deportado erróneamente a El Salvador. La jueza Paula Xinis determinó que la deportación de Abrego García violó la ley de inmigración y nacionalidad, ya que en 2019 se le había otorgado protección contra la deportación debido a amenazas de pandillas en su país de origen.
Abrego García, de 29 años, había obtenido previamente protección contra la deportación en 2019, después de que un juez de inmigración reconociera que enfrentaba riesgos significativos en El Salvador. Sin embargo, el 15 de marzo de 2025, fue deportado y encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Las autoridades estadounidenses reconocieron que la deportación fue un “error administrativo”. A pesar de ello, la administración argumentó que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para ordenar su retorno, dado que Abrego García ya no está bajo custodia en Estados Unidos. La jueza Xinis rechazó este argumento, enfatizando que el gobierno tiene la obligación legal de cumplir con las decisiones judiciales y que debe tomar medidas para corregir el error cometido.
El gobierno de Estados Unidos ha alegado que Abrego García tiene vínculos con la pandilla MS-13, basándose en información de un informante en 2019. Sin embargo, sus abogados refutan estas acusaciones, señalando que no hay pruebas concretas que respalden dichas afirmaciones y que Abrego García nunca ha sido condenado por actividades delictivas relacionadas con pandillas.
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La deportación de Abrego García ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes y ha puesto de manifiesto posibles deficiencias en el sistema de inmigración de Estados Unidos. Su esposa, ciudadana estadounidense, y su hijo de cinco años, también ciudadano estadounidense, han expresado su angustia por la separación y están buscando su retorno.
Este caso ha suscitado un debate más amplio sobre las políticas de deportación y la necesidad de garantizar procedimientos justos y legales para todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio. La jueza Xinis ha dado al gobierno un plazo hasta el 7 de abril para facilitar el retorno de Abrego García a Estados Unidos.
La administración ha indicado su intención de apelar la decisión, argumentando que el tribunal carece de autoridad para ordenar el retorno de Abrego García desde El Salvador. Mientras tanto, defensores de los derechos de los inmigrantes y la familia de Abrego García continúan abogando por su regreso y por una revisión más exhaustiva de las prácticas de deportación para evitar futuros errores de esta naturaleza.
