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Golpe a la educación: Trump despide a 1.400 empleados y la Corte Suprema lo respalda en una decisión sin precedentes
La drástica medida, respaldada por el alto tribunal, marca un punto de quiebre en la política educativa federal y desata una ola de críticas por sus efectos en millones de estudiantes y programas clave.
Donald Trump avanza en su polémico plan de desmantelar el Departamento de Educación tras recibir luz verde de la Corte Suprema de Estados Unidos.
En una orden no firmada el 14 de julio de 2025, el máximo tribunal levantó una medida cautelar dictada por el juez federal Myong Joun, quien había ordenado reincorporar a casi 1.400 empleados despedidos de forma masiva en marzo. La decisión envía el caso de regreso al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito para su revisión.
La orden se emitió con un voto de 6 a 3, con los tres jueces liberales en desacuerdo. La jueza Sonia Sotomayor, junto a Kagan y Brown Jackson, firmó una larga disidencia calificando la medida como “indefendible” y advirtiendo un grave riesgo a la separación de poderes al otorgarle al Ejecutivo la facultad de anular leyes mediante el despido de quienes las aplican.
El origen del conflicto se remonta al 11 de marzo, cuando el Departamento anunció una reducción de personal que afectó a aproximadamente la mitad de sus empleados, cerca de 2.000 de los 4.100 que lo conformaban originalmente.
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Nueve días después, el 20 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva solicitando a la secretaria de Educación, Linda McMahon, “facilitar el cierre” de la dependencia y transferir responsabilidades a los estados y otras agencias federales.
La secretaria McMahon celebró la decisión judicial como una confirmación de la autoridad administrativa del Presidente, afirmando que el fallo respalda el poder del Ejecutivo para organizar operativos internos y asignar niveles de personal.
Sin embargo, reconoció que cerrar completamente el Departamento requeriría la aprobación del Congreso, donde un proyecto de ley similar enfrentaría grandes obstáculos debido al escaso margen republicano y la regla del filibusterismo en el Senado.
Organizaciones de educadores y gobiernos estatales demócratas han impugnado la medida, advirtiendo que los recortes podrían afectar programas esenciales. Desde el manejo de préstamos estudiantiles que impactan a 43 millones de estadounidenses hasta ayudas a estudiantes con discapacidad, financiación Title I y la Oficina de Derechos Civiles.
Becky Pringle, presidenta de la NEA, criticó la decisión como una medida prematura “que no resuelve el fondo del asunto” y prometió seguir luchando por la protección de 50 millones de estudiantes.
Juristas adversos al plan coinciden en señalar que esta decisión se suma a otros fallos recientes que ampliaron el poder presidencial para despedir funcionarios de la rama ejecutiva, lo cual, según algunos, sienta un precedente peligroso para la salud constitucional del país.
Analistas también destacan riesgos operativos. La transferencia de programas críticos, como la gestión de préstamos estudiantiles al SBA o la Oficina para Estudiantes con Necesidades Especiales al HHS, podría generar problemas administrativos graves.
Así mismo, el recorte de fondos a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión ha sido señalado como parte de una estrategia mayor de reducción y reasignación presupuestal.
De momento, la suspensión de la orden del juez Joun permite que el proceso continúe y los despidos sigan su curso, pero el litigio judicial avanza y la apelación está en curso.
El futuro del Departamento y su capacidad para cumplir sus obligaciones legales dependerá del fallo del primer Circuito y posiblemente de una revisión definitiva por parte de la Corte Suprema.
