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La propuesta del Gobierno de EE. UU. que permitiría revocar la Green Card, incluso años después de emitidas
Esta reinterpretación legal podría afectar, incluso, a quienes han vivido durante décadas en el país, sin antecedentes penales y con contribuciones estables a sus comunidades.
El martes 13 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito que el Gobierno federal tiene la autoridad para cancelar una Green Card en cualquier momento, incluso si han pasado décadas desde su emisión.
La afirmación se realizó en el contexto del caso de Mohammad Qatanani, un palestino que vive en Nueva Jersey, y representa un cambio en la interpretación jurídica sobre el significado de ser residente permanente legal en Estados Unidos.
La representante legal del Gobierno, Lindsay Murphy, declaró ante los magistrados que el fiscal general posee la facultad de examinar y revocar el estatus migratorio de un residente en cualquier momento, siempre que existan “circunstancias excepcionales” que lo justifiquen.
De acuerdo con Murphy, “la normativa no establece ningún plazo” para llevar a cabo esta medida. Si la Corte respalda esta interpretación, se permitirían revisiones retroactivas que, según especialistas en derecho, podrían tener consecuencias para millones de inmigrantes en el país.
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La Green Card, también conocida como tarjeta de residencia permanente, otorga a un extranjero el derecho a residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Históricamente, se ha visto como una condición migratoria estable y un paso importante hacia la obtención de la ciudadanía estadounidense.
¿Puede el Gobierno revocar una Green Card años después?
Expertos legales cuestionan seriamente la base legal del argumento del Gobierno.
Amelia Wilson, profesora de derecho en la Elisabeth Haub School of Law, comentó a Newsweek que la legislación migratoria actual contempla un proceso definido para revocar una Green Card, que incluye notificar formalmente al inmigrante, otorgarle una audiencia y presentar pruebas claras y contundentes para demostrar que la persona no debería mantener su estatus.
Este caso ha generado preocupación entre los defensores de los derechos migratorios. Bradford Bernstein, abogado especializado en inmigración, alertó que esta nueva interpretación legal podría impactar incluso a personas que han vivido durante décadas en el país, sin antecedentes penales y con aportes constantes a sus comunidades.
“Aceptar esta postura implicaría que una Green Card podría ser revocada no por fraude o conducta ilegal, sino por errores administrativos. Esto establece un precedente peligroso que debilita la confianza en la estabilidad del sistema legal migratorio”, afirmó Bernstein.
Además, el hecho de que el Gobierno no haya apelado previamente las decisiones favorables al inmigrante, podría perder relevancia si los jueces respaldan esta interpretación retroactiva.
Si el Tercer Circuito falla a favor del Gobierno, la resolución tendrá efecto legal en los estados bajo su jurisdicción. Sin embargo, expertos prevén que otros tribunales podrían adoptar esta misma lógica, y no se descarta que el caso llegue finalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
De confirmarse este fallo, Estados Unidos podría establecer un nuevo estándar legal que permitiría reabrir casos de residencia permanente en cualquier momento, generando incertidumbre entre las comunidades inmigrantes que pensaban haber cumplido con todos los requisitos legales.
