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Ley de Insurrección: qué implica y por qué Trump la incluye en su política migratoria
El Congreso estadounidense sancionó la Ley de Insurrección hace 218 años, en plena etapa de consolidación institucional.
Ciento cincuenta años después de su promulgación, una ley casi olvidada volvió a ser mencionada en los pasillos de la Casa Blanca. Donald Trump, quien regresó a la presidencia con el compromiso de fortalecer la frontera sur, instruyó a sus secretarios de Defensa y Seguridad Nacional a investigar la viabilidad de reactivar la Ley de Insurrección de 1807.
Ley de Insurrección: origen y alcance de una norma decimonónica
La simple mención de este recurso, que permite el uso de tropas federales en tareas policiales dentro de Estados Unidos, desató un profundo debate sobre la legalidad, la historia y los límites de una herramienta diseñada originalmente para suprimir rebeliones, pero que ahora se plantea como una opción para frenar la inmigración.
El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Insurrección hace 218 años, durante un período de consolidación institucional, con el objetivo de autorizar al presidente a movilizar fuerzas militares cuando “asociaciones u obstrucciones” dificultaran la aplicación de la ley a través de los medios judiciales tradicionales.
Según recuerda Newsweek, el marco legal fue desarrollado entre 1792 y 1871, otorgando al presidente un amplio margen de decisión sobre cuándo y cómo desplegar las Fuerzas Armadas dentro del territorio de Estados Unidos.
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- Ámbito de acción: habilita tanto a tropas regulares como a la Guardia Nacional, cuerpo históricamente reservado para catástrofes naturales.
- Funciones posibles: desde disolver disturbios y hacer cumplir fallos judiciales hasta arrestar y trasladar personas, incluso migrantes.
- Amplitud interpretativa: la redacción, deliberadamente genérica, concede al Ejecutivo una discrecionalidad que enciende alarmas entre juristas y legisladores.
Antecedentes de uso: Trump no es el primero que busca la respuesta en la Ley de Insurrección
A lo largo de la historia, los presidentes han recurrido a esta ley en pocas ocasiones y siempre en situaciones extremas. Abraham Lincoln la utilizó durante la Guerra de Secesión para enfrentar la rebelión de los estados del sur, y Ulysses S. Grant la activó contra la violencia del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, Dwight D. Eisenhower ordenó el despliegue de tropas federales para escoltar a nueve estudiantes afroamericanos hacia la secundaria Central de Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador Orval Faubus se negara a cumplir un fallo de desegregación.
La última vez que se utilizó fue en 1992, cuando George H. W. Bush envió Marines y soldados del ejército de EE. UU. a Los Ángeles para controlar los disturbios que causaron 63 muertes, alrededor de 2,300 heridos y más de 12,000 detenciones, cifras documentadas por la Oficina del Censo y citadas por Newsweek.
En su primer día de gobierno, el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia en la frontera y encomendó a Pete Hegseth, secretario del Departamento de Defensa (DOD), y Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que presentaran “recomendaciones para lograr el control operativo total”.
“A solicitud del presidente, el DHS y el DOD están elaborando un informe conjunto sobre las condiciones en la frontera sur y las posibles acciones para lograr un control total”, comunicó el DHS a la prensa, según CNN.
Fuentes oficiales informaron a la cadena que los secretarios, en lugar de recomendar una activación inmediata, destacaron que los cruces habían caído por debajo de los 300 diarios y que “los niveles actuales son manejables”.
