MUNDO
Millones en riesgo: Trump activa plan para quitar ciudadanía a inmigrantes naturalizados y causa ola de preocupación
Organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios denuncian una política migratoria que pone en riesgo a millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos.
La polémica directriz impulsada por la administración Trump para revocar la ciudadanía de inmigrantes naturalizados ha encendido las alarmas en Nueva York y otras grandes ciudades de Estados Unidos, donde comunidades enteras temen quedar vulnerables a decisiones arbitrarias y falta de garantías judiciales.
Según un memo interno del Departamento de Justicia fechado el 11 de junio, los fiscales deben “priorizar y maximizar” los procedimientos civiles para retirar la ciudadanía a quienes “obtuvieron ilegalmente” la naturalización o mintieron al obtenerla.
Esta decisión incluye delitos civiles, como fraudes financieros, médicos y relacionados con programas públicos, sin necesidad de un juicio penal formal.
El memo detalla que bastará con demostrar que hubo ocultación de hechos materiales o tergiversación durante el proceso migratorio; esto se traduce en un menor umbral de prueba y la ausencia de representación legal, ya que se trata de procedimientos civiles, no penales.
Lo más leído
Grupos de inmigración, como el Migration Policy Institute, estiman que más de 25 millones de estadounidenses son naturalizados, lo que expone a un grupo amplio a posibles revisiones de su estatus.
En Nueva York, la directriz cobra aspectos políticos e ideológicos al vincularse con casos emblemáticos como el del candidato a la alcaldía Zohran Mamdani, naturalizado originario de Uganda.
Trump ha sugerido investigarlo, aludiendo a antecedentes que supuestamente lo ligarían con terrorismo, y sugirió posibles acciones legales incluyendo pérdida de ciudadanía o arresto.
Organizaciones defensoras de derechos civiles han condenado estas insinuaciones por considerarlas persecutorias e infundadas, calificándolas como ataques motivados políticamente.
La preocupación no se limita a lo político. Expertos legales advierten que la ampliación del criterio de “buena moral” para desnaturalización, un concepto legalmente vago, abre paso a decisiones discrecionales, sin claridad en límites ni transparencia.
Así mismo, la imposición civil elimina protecciones básicas, como el acceso a un abogado, lo que representa un déficit de justicia para ciudadanos en riesgo.
Este giro autoritario se sustenta también en el fallo reciente de la Corte Suprema, que limitó el poder de los tribunales federales para bloquear decretos ejecutivos de alcance nacional, reduciendo la capacidad de impedir este tipo de medidas hasta que se resuelvan demandas individuales. Así, la estrategia legal del gobierno busca socavar los contrapesos institucionales que históricamente protegían derechos civiles.
La historia muestra precedentes peligrosos: la desnaturalización masiva durante la era McCarthy en los 40 y 50, y su uso esporádico en tiempos recientes; incluso hubo un caso reciente en junio, cuando un veterano británico-estadounidense, Elliott Duke, fue despojado de su ciudadanía tras admitir abuso sexual infantil cometido antes de naturalizarse.
Hasta ahora, varios estados y organizaciones han presentado demandas para bloquear el decreto y la directriz, alegando violaciones a la Decimocuarta Enmienda y falta de autoridad legal unilateral para alterar el derecho a la ciudadanía. Queda por verse si estos recursos logran frenar la política y restablecer salvaguardias esenciales.
Según expertos legales y líderes comunitarios, esta iniciativa coloca a millones de ciudadanos naturalizados en una segunda categoría, privados de derechos jurídicos básicos y sujetos a una política migratoria basada en el miedo y la arbitrariedad.
