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“No en mi ciudad”: Los Ángeles frena redadas migratorias y da apoyo económico a familias afectadas por ICE
La alcaldesa Karen Bass emite una orden ejecutiva que limita la acción de ICE, exige transparencia y activa ayudas para inmigrantes detenidos.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó el pasado viernes 11 de julio una orden ejecutiva para proteger a las comunidades inmigrantes frente a las recientes redadas federales realizadas por ICE y la Guardia Nacional.
La medida obliga a todos los departamentos municipales a reforzar protocolos y capacitación, asegurar el cumplimiento de la ordenanza de ciudad santuario e instaurar mecanismos de respuesta inmediata ante operativos federales.
Además se estableció un grupo de trabajo conjunto entre la Policía de Los Ángeles, la Oficina de Asuntos de Inmigrantes, organizaciones comunitarias y líderes locales, destinado a articular estrategias y salvaguardar los derechos civiles.
La orden también contempla solicitar, mediante la ley de libertad de información (FOIA), todos los registros de operaciones de ICE desde junio: incluyendo motivos, personas detenidas y costos, con el fin de fiscalizar la legalidad y transparencia de las redadas.
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Aunque el financiamiento para asistencia inmediata no proviene de fondos municipales, la alcaldía coordinará con filántropos y grupos de derechos civiles la entrega de tarjetas de apoyo económico de aproximadamente $ 200 dólares a familias afectadas.
La decisión llega tras una redada altamente criticada el 7 de julio en MacArthur Park, donde cerca de 90 miembros de la Guardia Nacional y agentes federales invadieron un parque infantil sin aviso previo, generando rechazo de líderes locales y residentes.
La alcaldesa Bass calificó el operativo de “escenario político” y lo consideró “inconstitucional y antiamericano”, al tiempo que exigía la retirada inmediata de los agentes, recordando que el parque estaba vacío y que se encontraba en curso un campamento de verano para niños.
Expertos en derechos civiles y organizaciones como ACLU y Public Counsel pidieron al juez federal Maame Ewusi‑Mensah Frimpong una orden de restricción temporal (TRO) para detener estas “patrullas itinerantes” que supuestamente se basan en la apariencia o el idioma de las personas, asegurando además acceso a abogados para los detenidos.
El viernes 11 de julio, el tribunal falló a favor de imponer restricciones que prohíben detener sin causa razonable y exigen acceso legal inmediato a los detenidos.
El contraste entre la postura de la alcaldesa Bass y la de funcionarios federales es marcado: mientras Bass insiste en que Los Ángeles es una ciudad “bastión de inmigrantes” que merece protección, las autoridades fronterizas, como el jefe Gregory Bovino, mantienen que continuarán operativos donde sea necesario, alegando cumplir con la ley federal.
Las redadas a principios de junio habían dejado más de 118 arrestos en LA, lo que provocó protestas masivas, despliegue de la Guardia Nacional y diversas acciones legales emprendidas por el estado de California y ciudades vecinas para frenar los operativos federales.
La reacción incluyó denuncias por perfil racial, irrupción sin orden judicial y obstáculos al acceso a asistencia jurídica, lo cual el juez Frimpong calificó como fruto de un “montón de pruebas” que evidencian violaciones constitucionales.
La orden ejecutiva de Bass y la resolución judicial representan un empuje significativo del poder local y judicial ante políticas federales migratorias agresivas. Ahora la pelota está en la cancha de los tribunales, donde se decidirá si estos operativos serán restringidos de forma permanente, y si Los Ángeles podrá sostener su posición de ciudad refugio.
