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¿Pena de muerte para el hijo de El Chapo? Esto decidió Estados Unidos
Joaquín Guzmán López, uno de los herederos del imperio de El Chapo, enfrenta cargos federales en Estados Unidos en medio de una decisión judicial que podría cambiar el rumbo del caso y del combate al narcotráfico.
En un giro inesperado en el proceso judicial contra Joaquín Guzmán López, hijo del célebre narcotraficante Joaquín 'El Chapo‘ Guzmán, las autoridades federales de Estados Unidos han anunciado que no buscarán la pena de muerte en su caso.
La decisión fue comunicada el 23 de mayo por el fiscal Andrew Boutros, en un documento oficial presentado ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, sin ofrecer detalles adicionales sobre los motivos de esta determinación.
Guzmán López enfrenta ocho cargos federales, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración criminal. Fue arrestado en julio de 2024 en Texas tras arribar en un avión privado, en una operación que también resultó en la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, otro líder del Cartel de Sinaloa.
Ambos se han declarado inocentes, aunque Zambada ha manifestado su disposición a cooperar con las autoridades si se le garantiza evitar la pena capital.
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La defensa de Guzmán López, encabezada por el abogado Jeffrey Lichtman, ha expresado satisfacción con la decisión de la fiscalía, calificándola como “correcta”. Lichtman también representa a Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín, quien enfrenta cargos similares y se espera que cambie su declaración a culpable en una audiencia programada para el 9 de julio, en el marco de un posible acuerdo con los fiscales.
La exclusión de la pena de muerte en este caso ha generado especulaciones sobre posibles negociaciones entre Guzmán López y el Gobierno estadounidense. Expertos legales señalan que esta decisión podría estar vinculada a la disposición del acusado para colaborar en investigaciones más amplias sobre el narcotráfico, especialmente en relación con la organización Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, conocida por su implicación en la exportación de fentanilo a Estados Unidos.
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reaccionado con cautela ante los rumores de negociaciones entre los hijos de El Chapo y las autoridades estadounidenses, enfatizando que cualquier acuerdo debe ser transparente y respetar la soberanía nacional.
La próxima audiencia de Joaquín Guzmán López está programada para el 2 de junio. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones significativas en la lucha contra el narcotráfico y en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.
Este caso también pone de relieve las complejidades del sistema judicial estadounidense en materia de pena capital. Aunque la pena de muerte está permitida a nivel federal, su aplicación varía según el estado y la naturaleza del delito. En este contexto, la decisión de no buscar la pena de muerte para Guzmán López podría reflejar consideraciones estratégicas más amplias en la política de justicia criminal de Estados Unidos.
A medida que avanzan los procedimientos judiciales, la atención se centra en las posibles revelaciones que Guzmán López podría proporcionar y en cómo estas podrían influir en la desarticulación de redes criminales transnacionales. La cooperación del acusado podría ser un factor determinante en la evolución del caso y en los esfuerzos más amplios para combatir el narcotráfico en la región.
