¿Se quedarán sin redes sociales los menores?: Florida enciende la polémica digital

Un juez federal en Florida emitió una orden judicial preliminar que bloquea temporalmente la aplicación de la controvertida ley HB 3, la cual prohibía a menores de 14 años tener cuentas en redes sociales y exigía el consentimiento parental para adolescentes de 14 y 15 años.

Esta medida, firmada por el gobernador Ron DeSantis, debía entrar en vigor en enero de 2025, pero ahora enfrenta un obstáculo judicial importante. El juez Mark Walker, quien tomó la decisión, consideró que la ley podría violar la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protégé la libertad de expresión.

La legislación fue promovida como una herramienta para proteger la salud mental de los menores, un tema que ha estado en el centro del debate público en los últimos años.

Diversos estudios, como el publicado por la Mayo Clinic, han evidenciado que el uso excesivo de redes sociales puede contribuir a problemas de ansiedad, depresión y baja autoestima en adolescentes. Sin embargo, también hay investigaciones que muestran que el impacto varía dependiendo del tipo de uso, el contexto familiar y la personalidad del menor.

A pesar de sus intenciones, la ley generó fuertes críticas de asociaciones tecnológicas como NetChoice y la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA), que representa a empresas como Google, Meta y Amazon.

Estas organizaciones argumentaron que la ley imponía restricciones inconstitucionales, además de que podría afectar el acceso de jóvenes a contenidos educativos, informativos o de apoyo emocional. Según AP News, el juez Walker coincidió en que, si bien las preocupaciones del estado son válidas, existen formas menos restrictivas de abordarlas.

Uno de los puntos más polémicos de la ley era la implementación de métodos de verificación de edad mediante tecnología biométrica, como escaneos faciales, lo que despertó inquietudes sobre la privacidad y el manejo de datos sensibles.

Además, la normativa contemplaba multas de hasta 50.000 dólares por cada infracción, un monto que podría afectar el funcionamiento y las decisiones de las plataformas tecnológicas.

Paralelamente, el estado de Florida ha emprendido acciones legales contra plataformas como Snapchat, acusándolas de permitir la creación de cuentas por parte de menores sin verificación ni consentimiento de los padres.

De prosperar estos litigios, podrían sentarse precedentes que influencien futuras legislaciones tanto en Estados Unidos como en otros países. Estos procesos judiciales buscan responsabilizar directamente a las plataformas, presionándolas a modificar sus políticas internas.

La suspensión temporal de la ley HB 3 se suma a una serie de fallos similares en otros estados como Arkansas y Ohio, donde se han intentado imponer restricciones digitales a menores. Este patrón refleja un choque constante entre gobiernos estatales que buscan proteger a los menores y tribunales que defienden los derechos constitucionales.

El debate sobre el rol del Estado, la tecnología y la crianza en la era digital está lejos de resolverse y continuará marcando la agenda política y judicial de los próximos años.