Estados Unidos
Trump declara la guerra a los jueces que bloquean deportaciones: así arranca su nueva cruzada de deportación
El gobierno estadounidense demandó a jueces federales que frenaron deportaciones.
La crisis migratoria en Estados Unidos ha sido una de las banderas políticas de Donald Trump y una de las principales razones por las que alcanzó la Presidencia. Desde su llegada al poder, el mandatario ha prometido tomar medidas firmes para controlar el ingreso y permanencia de migrantes en el país.
Su enfoque en materia migratoria ha estado liderado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en conjunto con agencias estatales y otras entidades federales.
Estas instituciones han implementado medidas severas como redadas migratorias, el endurecimiento de los requisitos de entrada al país, la publicación de una lista de 12 países con restricción de ingreso, y la oficialización de deportaciones a terceros países.
Sin embargo, a pesar de esta postura estricta, la crisis migratoria continúa siendo uno de los desafíos más complejos del Gobierno. Además, no todos los sectores del sistema judicial están alineados con las políticas federales.
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Muchos jueces han expresado su desacuerdo con las deportaciones masivas sin el debido proceso, enfatizando la necesidad de juicios justos para cada migrante.
En respuesta a estos bloqueos judiciales, el Gobierno de Trump ha decidido emprender una acción sin precedentes: demandar a 15 jueces federales del estado de Maryland por frenar la deportación de migrantes.
Esta demanda fue presentada por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), y según información revelada por CNN, el origen del conflicto se remonta a una orden firmada por el juez George L. Russell III en mayo pasado.
Dicha orden establecía que cualquier inmigrante que presentara una solicitud de revisión ante el tribunal del distrito de Maryland debía recibir una pausa inmediata en su proceso de deportación, lo cual incluía dos días hábiles después de la presentación de un habeas corpus.
Desde la Casa Blanca, se interpreta esta suspensión automática como un obstáculo a la implementación de las normas migratorias impuestas por la administración actual, e incluso como una violación al reciente fallo de la Corte Suprema que respalda el ejercicio de las facultades ejecutivas del presidente en materia migratoria.
Esta situación ha generado nuevas tensiones entre el poder ejecutivo y el poder judicial. La administración Trump considera que estas acciones judiciales impiden el cumplimiento efectivo de las leyes migratorias y busca reafirmar su autoridad en medio de una política migratoria cada vez más polémica.
Mientras tanto, el debate sobre la legalidad y la moralidad de las deportaciones exprés sigue abierto, y esta demanda podría marcar un nuevo precedente en la relación entre el Gobierno federal y los jueces que cuestionan sus decisiones.
