Trump ordena salir del país a migrantes con permisos temporales

Donald Trump ha iniciado una ofensiva sin precedentes contra migrantes que contaban con permisos de residencia temporal. A través de medidas ejecutivas y tecnológicas, el Gobierno ha comenzado a revocar permisos de trabajo y residencia a miles de personas que ingresaron legalmente al país mediante programas como CBP One y el parole humanitario.

Esta nueva estrategia, que ha tomado por sorpresa a gran parte de la comunidad migrante, impacta especialmente a personas provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, quienes han recibido notificaciones formales para abandonar el país de forma voluntaria o de lo contrario enfrentarán consecuencias legales.

La problemática de esta política radica en la sustitución de la aplicación CBP One, utilizada para solicitar citas de entrada legal al país, por una nueva plataforma llamada CBP Home, la cual tiene como objetivo facilitar el registro de salida voluntaria de los migrantes. La medida afecta a más de 1,2 millones de personas que ingresaron a Estados Unidos bajo procedimientos legales en los últimos dos años. Así, quienes no se registren en CBP Home o se nieguen a abandonar el país, podrán ser localizados, detenidos, deportados de forma forzada y vetados para reingresar al país de manera permanente.

La medida también ha venido acompañada de acciones controversiales, como la cancelación masiva de números de Seguro Social. Más de 6.000 migrantes con residencia legal fueron declarados “muertos” en el sistema, lo cual los dejó sin posibilidad de acceder a servicios de salud, abrir cuentas bancarias, trabajar legalmente o renovar sus licencias.

Esta decisión, liderada por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, ha sido duramente criticada por activistas y expertos legales, quienes la consideran una grave violación a la privacidad y a los derechos civiles. Además, organismos de derechos humanos han advertido que esta táctica pone en riesgo la integridad física y mental de miles de personas que ahora viven en la incertidumbre.

Frente a esta noticia, una jueza federal en Boston, Indira Talwani, se mostró dispuesta a emitir una medida cautelar para frenar la eliminación del programa de parole humanitario. Esta figura migratoria, utilizada históricamente por distintos gobiernos, permite a migrantes residir temporalmente en Estados Unidos mientras regularizan su situación.

Talwani manifestó preocupación sobre el impacto social y económico de esta eliminación, destacando que muchos de los beneficiarios tienen vínculos familiares, empleos formales y años viviendo en el país.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como la Aclu, Human Rights Watch y Raíces, han exigido la suspensión inmediata de estas políticas, advirtiendo que podrían generar una crisis humanitaria sin precedentes. A su vez, señalan que muchas de las personas afectadas huyen de dictaduras, violencia o desastres naturales, y que el estado tiene la responsabilidad legal y moral de protegerlas.

Mientras los tribunales se pronuncian y la presión internacional aumenta, miles de familias viven en desesperación, aunque mantienen la esperanza con la que cruzaron la frontera o solicitaron su cita legalmente. El debate sobre el futuro migratorio del país se convierte, una vez más, en una batalla política donde los derechos humanos quedan en juego.