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Corte Suprema permite a Trump avanzar con el fin de la ciudadanía por nacimiento y limita el poder de los jueces federales
El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la legalidad de limitar la ciudadanía automática por nacimiento, desatando un histórico debate constitucional.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló eeste viernes, 27 de junio, (6‑3) a favor de la administración Trump, autorizando la aplicación parcial de su orden ejecutiva que elimina la ciudadanía automática por nacimiento.
En su decisión, el tribunal ordenó a los tribunales inferiores en Maryland, Massachusetts y Washington que revisen y limiten sus medidas cautelares, conocidas como injunciones, que impedían la implementación de la política en todo el país. La orden ejecutiva no podrá entrar en vigor hasta 30 días después del fallo.
El debate se centró en la autoridad de los jueces federales para dictar injunctions nacionales (“universal injunctions”), que detienen acciones del gobierno de manera generalizada. La Corte determinó que tales medidas suelen exceder el poder concedido por el Congreso, limitando su alcance solo a los implicados directamente en cada caso.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria, destacó que “la judicatura no tiene autoridad ilimitada” para emitir bloqueos universales y que, si bien el Ejecutivo debe cumplir la ley, los jueces no pueden ejercer un poder extralimitado. El fallo no aborda la constitucionalidad del fin de la ciudadanía por nacimiento, por lo que el proceso legal sigue su curso en los tribunales inferiores.
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En oposición, las tres juezas progresistas: Sotomayor, Kagan y Jackson, emitieron una fuerte disidencia, advirtiendo que la decisión podría causar “caos” para las familias y que el tribunal “juega” con las vidas de aquellos afectados.
Sotomayor calificó la medida de “vergonzosa” y criticó la remoción del derecho a ciudadanía para recién nacidos por razones políticas.
La orden ejecutiva 14160, firmada el 20 de enero de 2025, busca redefinir la cláusula de ciudadanía de la Enmienda 14ª, negando la nacionalidad a hijos de inmigrantes sin estatus o con visas temporales nacidos en territorio estadounidense.
Esta norma fue bloqueada en febrero por tribunales en Washington, Nueva Jersey y Massachusetts mediante injunciones nacionales que suspenderán su aplicación una vez se reduzca el alcance de esas medidas.
El caso, conocido como Trump v. CASA, Inc., consolida tres demandas federales que cuestionaban la autoridad de cortes inferiores para dictar bloqueos nacionales, un recurso judicial que ha crecido en años recientes ante políticas federales controvertidas
Con esta decisión, la administración Trump está habilitada para avanzar en planes internos sobre cómo implementar la orden ejecutiva, aunque reducida a los ámbitos donde no haya demandas activas.
El plazo de 30 días busca permitir que las agencias elaboren protocolos y definan áreas de aplicación.
Mientras tanto, la discusión constitucional continúa en tribunales de primera instancia, donde se debatirá el alcance real del poder ejecutivo para modificar derechos consagrados por la Enmienda 14, en un proceso que podría llegar nuevamente a la corte.
